23 de septiembre de 2015 19:49

Contralor presentó proyecto de Ley en la Asamblea y anunció que examinará los bienes del presidente Rafael Correa

Carlos Polit

Carlos Polit, contralor General del Estado, habló este 23 de septiembre ante la Comisión de Participación Ciudadana sobre un proyecto de Ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juradas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Redacción Política

Carlos Polit, contralor General del Estado, anunció que iniciará un examen sobre los bienes del presidente Rafael Correa. “En una visita personal que me hizo el Presidente por el fallecimiento de mi madre, me preguntó que cuándo le hago yo una investigación de sus bienes”, relató y luego dijo que la Contraloría iniciaría ese proceso, así como lo ha hecho con otras autoridades y funcionarios. Esa reunión se hizo el viernes pasado.

Polit relató el episodio este 23 de septiembre del 2015, ante la Comisión de Participación Ciudadana. Allí habló sobre un proyecto de Ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juradas. Según Polit, es necesario actualizar la normativa para que se facilite su elaboración, registro, comparación y examen.

La idea sería modernizar el proceso que actualmente se hace a través de una escritura pública. De aprobarse la Ley, se espera que se cambie por un formulario electrónico, bajo juramento, sin necesidad de convertirlo en escritura. Así se evitaría la acumulación de archivos físicos de gran tamaño.

Según la Contraloría, actualmente hay 1 400 cajas en la matriz y 3 500 en provincias llenas de documentos de declaraciones patrimoniales juramentadas. Entre 1998 y el 2015 se han generado 2,4 millones de declaraciones patrimoniales iniciales, finales y periódicas. Se calcula que en 10 años se generarán otras 3,5 millones. Si el proceso se vuelve digital, no será necesario seguir acumulando papeles.

Otro punto de la Ley es disminuir el plazo de 60 días a 30 para la entrega de información, y así poder realizar exámenes en un tiempo más corto.

Además se plantea que no se pida únicamente a los servidores públicos que declaren su patrimonio sino que se amplíe el requisito para quienes presten servicios al sector público o en entidades privadas que cuenten con participación mayoritaria de recursos públicos y a personas elegidas por votación popular.

Además, se agregaría la obligatoriedad de la actualización de la declaración cada dos años para todos los casos. También se aplicaría el requisito para miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Municipal, Aduanas, Tránsito, antes de sus ascensos y antes de retirarse.

En un espacio para preguntas de los legisladores que forman parte de la comisión, la asambleísta Mae Montaño le preguntó a Polit por qué hubo una respuesta positiva para Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, de que se examinara el patrimonio de todos los legisladores, pero a ella no se le recibió el pedido de hacer lo mismo con todas las autoridades civiles y militares nacionales.

“Yo no le puedo entregar a un asambleísta una declaración suya por más asambleísta que sea porque es una declaración personal de cada uno de ustedes y de cada uno de los funcionarios de Estado y que está respaldado en la Ley”, respondió Polit y aclaró que se tomó la decisión de examinar a los asambleístas por pedido de Rivadeneira, pero que, en ningún caso, se puede hacer pública la declaración juramentada de bienes de ningún funcionario. Le pidió a Montaño sostener una reunión para tratar el asunto.

Agregó que “de ninguna manera hay respuestas diferentes. Solamente la Fiscalía, cuando hay indicios de responsabilidad penal puede hacerlo, porque la Contraloría maneja temas exclusivamente administrativos”.

Dijo que en el caso de los asambleístas, los informes de al menos 30 ya están en la fase de aprobación sin observaciones. En otros casos aún se espera que entreguen su información.

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