24 de febrero de 2017 00:00

Consumidores son reclutados para ampliar la venta de droga

Un agente detiene a una persona por venta de droga. Foto: archivo EL COMERCIO

Un agente detiene a una persona por venta de droga. Foto: archivo EL COMERCIO

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Fernando Medina
Redactor (I)
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Era consumidor, pero poco a poco una banda de microtraficantes lo reclutó y le obligó a vender droga. Tiene 28 años y para contar lo que sucedió pide que solo lo llamen Cristian.

La semana pasada recordó que él tenía “reglas claras”, para expender el alcaloide. Los cabecillas le entregaban paquetes de marihuana con peso exacto. Cada sobre tenía 10 gramos y no debía salir de su casa con más de uno.

Tampoco podía dividir esa cantidad en paquetes más pequeños y las entregas se debían realizar solo dentro de casas, locales, bares, discotecas y otros centros de diversión.

Le instruyeron que si la Policía lo detiene se defienda y diga que solo es consumidor.

De hecho, la Policía antidrogas ha identificado a bandas que reclutan a estas personas, para que vendan el narcótico. Así se valen de una tabla que permite, por ejemplo, portar hasta 10 gramos de marihuana, para los dependientes.

Esta se encuentra vigente desde el 2014, cuando también entró a operar la tabla que sanciona el tráfico de drogas.

Según esta última norma, las personas que tengan en su poder, por ejemplo, hasta 20 gramos de marihuana para vender serán sancionadas por tráfico en mínima escala y la pena va de uno a tres años de cárcel.

Por eso, Cristian no podía salir con muchos paquetes, sino con lo mínimo. En su casa tenía la droga escondida en medias, zapatos, botellas y hasta en macetas. Al principio compraba solo para su consumo, pero el vendedor le ofreció regalarle la sustancia si ofertaba cinco paquetes cada semana.

Luego fueron 10 y cada vez aumentaba hasta que fue internado en un centro de ayuda, porque el problema se agudizó para él y su familia.

Allí pasó tres meses y conoció a tres jóvenes que también pasaron de ser consumidores a expendedores ilegales.

Uno de ellos necesitaba pasta base de cocaína y en su poder podía llevar hasta dos gramos de ese tipo de droga, que lo permite la tabla de tenencia. Pero esa sustancia empezó a vender a sus amigos.

Con base en los testimonios de los jóvenes, el director de un centro de ayuda del Guayas, Alfredo Ufredo, sostiene que los microtraficantes usan a los consumidores, porque esa actividad no está penalizada.

En caso de ser arrestados, les practican un examen que comprueba que son dependientes y los dejan libre. El art. 364 de la Constitución establece que en ningún caso se permitirá la criminalización del consumo.

El viceministro del Interior, Diego Fuentes, dice que si a una persona se le encuentra vendiendo, intercambiando o regalando narcóticos se la procesa como traficante.

Pero el funcionario aclara que las dos tablas ayudaron a diferenciar al consumidor del traficante. De esta forma, entre noviembre del 2015 y diciembre del 2016, en el país se han detenido a 4 200 personas que se dedicaban a la venta de alcaloides en pocas cantidades.

Únicamente el año pasado fueron desarticuladas 81 bandas dedicadas al microtráfico.

Rodrigo Vélez, quien estaba al frente del desaparecido Consep mientras se elaboraban las tablas, explica que estas herramientas fueron hechas para no criminalizar el consumo. Y aclara que son “guías técnicas” para el sistema de justicia. “Es para que los jueces y fiscales tengan un referente de cuál sería la cantidad que portaría un consumidor”.

Sin embargo, no descarta que las redes hayan usado estas herramientas para captar estos grupos. Para evitar eso -dice- que la Policía cuenta con técnicas de investigación.

La Defensoría Pública señala que desde el 2014, los agentes tomaron a las tablas, como únicos referentes para diferenciar al que tiene una adicción del expendedor. Pero advierte que es necesario también probar que existe tráfico. “Un consumidor puede tener más de lo establecido y no deja de serlo. De igual forma, traficantes que tienen menos de lo permitido y se hacen pasar por consumidores siguen siendo traficantes”, señala la institución.

En la Defensoría reposan expedientes de personas que han sido sentenciadas por traficar droga y que luego se comprobó que solamente usaban.

Por ejemplo, Alexandra A., fue detenida con 20 gramos de cocaína y dos de marihuana. Los agentes la detuvieron y se la acusó de traficante. Pero en diciembre del 2014 fue declarada inocente, pues se comprobó que se administraba.

La fiscal provincial de Pichincha, Tania Moreno, asegura que para evitar esto no solo toman en cuenta el peso de las sustancias, sino elementos que prueben que la persona estuvo vendiendo.

Por ejemplo, miran si la droga está repartida en bultos pequeños, si entre las pertenencias del procesado existen instrumentos como balanzas para pesar las sustancias. Incluso se pide videos al ECU911 para ver si la persona entregó los sobres a cambio de dinero. “Cuando esto ocurre, es claro que es traficante”, dice.

Así fue como el pasado 15 de febrero, la Policía detuvo a cuatro personas. Los agentes identificaron que vendían droga en Pusuquí y Calacalí, en Quito.

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