14 de febrero de 2017 18:49

Galo Chiriboga ofreció investigar hace 19 meses el caso Odebrecht en Ecuador

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR Ayer, fuera de la Fiscalía, el candidato César Montúfar organizó un plantón para exigir que revelen nombres del caso.

Este 13 de febereo del 2017, el movimiento Concertación organizó un plantón en las afueras de la Fiscalía, en Quito, para exigir que se revelen los nombres vinculados al caso Odebrecht. Foto: Archivo particular

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Javier Ortega

La Fiscalía de Perú no esperó. En 2016 obtuvo información ‘reservada’ de su par de Suiza sobre el escándalo de corrupción que salpicaba a Odebrecht desde un año atrás y así concretó detenciones entre el 21 de enero y el 3 de febrero del 2017.

El viernes 10 de febrero, EL COMERCIO se contactó con la Corte Suprema de Justicia de ese país y su Departamento de Prensa dijo que el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, publicado el 21 de diciembre pasado, fue solo otra pieza más en la indagación.

En el documento, EE.UU. reveló que en América Latina, Odebrecht había pagado USD 735 millones en sobornos, USD 33,5 millones de ellos en Ecuador. ¿Qué ha sucedido con la investigación en nuestro país?

El 24 de junio del 2015, cuando se conoció la captura de Marcelo Odebrecht, principal directivo de la constructora, el fiscal general Galo Chiriboga aseguró que había empezado a trabajar con la Fiscalía brasileña para detectar si la red de corrupción también salpicaba a Ecuador.

Ese día, en un evento realizado en Quito, el funcionario dijo que está “trabajando en conjunto, (para) que Brasil nos dé cualquier indicio que puede representar la comisión de un delito en Ecuador”.

Diecinueve meses después de esa declaración, aún no hay resultados. Recién en diciembre del 2016, cuando el Departamento de Justicia hizo público su informe, Chiriboga volvió a hablar de Odebrecht y dijo que iniciaría una indagación que, reservada, todavía no arroja resultados.

Ante las críticas de la oposición sobre el lento avance de las indagaciones, a mediados de enero, el Fiscal pidió al país que “comprenda” que este caso es reservado y que “no se trata de encubrir a nadie, sino de no entorpecer el proceso”.

Públicamente solo se conoce que Ecuador ha allanado las oficinas de Odebrecht en Guayaquil y Quito y se han pedido asistencias penales a EE.UU., España, Suiza y Brasil. La semana anterior, el fiscal Wilson Toainga viajó a este último país para recabar datos. Ayer estaba previsto recoger el testimonio en España de un abogado de la constructora y Chiriboga viajará a Brasil en esta semana.

El fiscal general, Galo Chiriboga, en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización el 5 de enero del 2017 por el caso Odebrecht.


Algo diferente ocurre en Perú, Panamá y Colombia.
Además de las cuatro detenciones, en Perú ya hay órdenes de captura en contra del expresidente Alejandro Toledo, y de Mariella Huerta, funcionaria que presidió el comité de licitación del Metro de Lima.

Este Diario también se contactó con la Fiscalía de Panamá. Allí, las primeras diligencias se ejecutaron en junio del 2015, luego de que un abogado particular presentara una denuncia en contra de los directivos de la constructora en ese país.

Esa querella fue entregada días después de la captura de Marcelo Odebrecht en Brasil.

El lunes 13 de febrero del 2017, la Fiscalía de Panamá incluso solicitó a Interpol que emitiera difusión roja contra los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, acusados de cobrar sobornos a la empresa.

Ese país conformó un equipo de fiscales anticorrupción que rastrea la ruta de las coimas. Actualmente, esa nación tiene abiertos 108 procesos en contra de la constructora.

El jurista Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la OEA, ha seguido de cerca este caso y en diálogo telefónico desde su país, dijo a EL COMERCIO que el apoyo de Brasil, donde 77 directivos de Odebrecht han entregado datos sobre la red de corrupción, ha sido fundamental.

Eso también cree el legislador ecuatoriano Christian Viteri. Él viajó el jueves a Brasil y dice que Panamá, Perú o Colombia obtuvieron “información básica” de Brasil que ha permitido definir resultados.

El legislador cita, por ejemplo, el caso de Perú. Ese país se benefició de las denominadas ‘delaciones premiadas’ (confesiones de procesados a cambio de penas menores), que entregó en Brasil Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú.

“Lamentablemente, la actuación de nuestra Fiscalía ha sido lenta”, sostiene Viteri.


Este Diario también accedió a datos de la Fiscalía de Colombia. Esa nación inició indagaciones en contra de la constructora en marzo del 2016, cuando conocieron que Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de cárcel.

Los investigadores rastrearon los grandes contratos que mantuvo la constructora en esa nación, entre 2009 y 2014, e identificaron el proyecto Tramo Dos de la Ruta del Sol.

Así detectaron que un funcionario exigió USD 6,5 millones para garantizar que Odebrecht ganara la licitación.

El 21 de enero, la Policía detuvo a Gabriel Morales, señalado por recibir esos dineros de la constructora.

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