26 de febrero del 2015 00:00

Las construcciones generaron 234 quejas durante el 2014

Construcciones

Esta escena que se observa en La Pinta y av. Amazonas se repite en otros sitios de La Mariscal y La Floresta. Foto: Eduardo Terán/ El COMERCIO

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Mariela Rosero Ch. Redactora
mrosero@elcomercio.com

Desde diciembre pasado, Carlos Bolaños revisa a diario el aparecimiento y crecimiento de grietas en los muros, los pisos y los techos de su casa de 830 m2, en La Mariscal.

Hace 10 años compró la propiedad construida hace siete décadas. La mantiene en buen estado pues es un hostal para extranjeros. Asegura que las fisuras y el hundimiento de su terreno son producto de excavaciones realizadas en una construcción vecina, en la que se levantará un edificio de ocho pisos y cuatro subsuelos.

Esto ocurre en la calle La Pinta y av. Amazonas, en donde hay maquinaria pesada y obreros de Ingeconstruct. En este sector, en La Floresta y en Iñaquito, el costo por m2 construido supera los USD 1 200, pero hay sitios que llega a USD 2000 en el centro norte, zona en la que hay proyectos en ejecución, lo que incide en la convivencia con los vecinos.

En la Yánez Pinzón, una casa aparece desmoronada junto al edificio de Senagua. Hace más de cinco años el lugar fue abandonado y empezó un litigio.

María Gabriela Larreátegui, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la pone como un ejemplo de lo que se pudo haber evitado.

La Ordenanza 432 señala que el constructor debe cuidar la seguridad. La AMC multa y suspende obras si al excavar se crea inestabilidad en predios vecinos. En el 2014 hubo 234 denuncias de dueños relacionadas con la seguridad en las construcciones en todo Quito. Lo mayoría se refiere a quejas por la caída de hormigón.

Infografía con los proyectos aprobados en el 2013 en el sector de La Mariscal, enel Centro Norte de Quito.

Infografía con los proyectos aprobados en el 2013 en el sector de La Mariscal, enel Centro Norte de Quito.

A todas las denuncias les hacen seguimiento; pero en caso de afectaciones, el Municipio no puede cuantificar los daños. Entonces, los conflictos van a la justicia, apunta Larreátegui.

En el último trimestre del año pasado solo hubo una denuncia por excavaciones. Se trata del caso de Bolaños, quien consiguió que el 10 de diciembre, la AMC suspendiera la obra que levanta una constructora.

¿Por qué? En el lado occidental de su predio, el que limita con la obra, se dañó el cerramiento y se hundió el terreno, lo que causó la caída del tanque de presión de agua; las paredes y pisos de habitaciones de esa ala tienen grietas... Ha gastado alrededor de USD 4 000, pero teme que toda la casa ceda.

Patricio Peñaherrera, principal de la constructora, reitera que son profesionales, por lo que las fisuras pueden ser por pérdida de agua en la mezcla con la que colocaron los bloques hace 70 años, y por falta de mantenimiento. Dice que aceptó un arreglo con la AMC para levantar otra pared, cambiar una tubería y controlar una fuga de agua. Según lo previsto construye muros de contención para evitar un derrumbe.

La Agencia actúa frente a denuncias. En el 2014, un residente de la calle La Coruña les contó que un constructor le advirtió que su propiedad se caería en el proceso. Ante esto, la Agencia le recordó que sería el responsable de los daños; lo que le llevó a tomar medidas.

“El Municipio debe tomar en cuenta el valor de los conjuntos urbanos edificados”, anota el presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, Handel Guayasamín. La Mariscal y La Floresta son barrios a donde la gente se mudó por tener ciertas características; ahora se aprueban proyectos que les quitan privacidad. “La norma debiera incluir controles previos y socializaciones”.

En La Floresta, “hay una fiebre por echar abajo casas y edificar torres”, según Rocío Bastidas, residente desde hace 35 de 60 años. Hace seis pidieron que el Municipio estableciera un inventario patrimonial. Detalla: “Los edificios se adosan a casas, cubren la entrada de sol; las alcantarillas se saturan...”.

En el inventario, aprobado en una Ordenanza, el 4 diciembre, constan 168 predios patrimoniales en La Floresta, según el concejal Pedro Freire. Admite que se han derrocado varios y que no hubo medidas preventivas, pese a que el Municipio regenta el uso del suelo.

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