Debió ser muy duro para el Gobierno ecuatoriano exigir nuevamente una visa de turismo a los ciudadanos cubanos. Si hay un pueblo que ha inspirado tanto respeto y solidaridad es el de aquella nación caribeña. La revolución ciudadana -cabe reconocerlo- ha hecho de la dignidad cubana una de las líneas de trabajo de su política exterior, aunque siempre minimizando los excesos del régimen castrista.
La medida migratoria que entra a regir a partir de hoy afectará la imagen del Gobierno, sobre todo frente a los sectores de izquierda. Pero, lo más importante, es una muestra más de que la Constitución de Montecristi se queda corta ante decisiones pragmáticas.
El concepto de la ciudadanía universal gustó en los albores de este proyecto político que se propuso durar 300 años. Una movilidad humana tan libre como el comercio ha sido uno de los anhelos más recurrentes, por ejemplo, en los discursos del Presidente.
Sin embargo, este ideal se desvanece cuando Ecuador corre el riesgo de convertirse en una suerte de ‘estación central’ para el tráfico de personas hacia EE.UU. y otras naciones, como sucede con los haitianos que van a Brasil.
El espíritu de Montecristi se estrelló con la realidad y no es la primera ocasión. Hace dos años, el Gobierno dio marcha atrás con la Iniciativa Yasuní-ITT, dejando en el aire toda esa teoría de los derechos de la naturaleza.
Desde agosto del 2009, cuando el Régimen logró controlar el Consejo de Participación Ciudadana montó una estructura de poder que, seis años más tarde, tiene muy poco de participativa y nada de ciudadana.
A medida que pasa el tiempo se nota cómo el ADN de Montecristi se debilita. Fue el mismo gobierno que lo creó, el que luego criticaba el ‘hipergarantismo’. La línea de la división de poderes prácticamente no existe y, en pocos días más, se permitirá la reelección indefinida sin llamar a consulta popular.
La Carta Política del correísmo agoniza y por eso políticos como Enrique Ayala Mora y Guillermo Lasso plantean una nueva Constituyente. A lo mejor esa es la única salida.