17 de junio de 2014 20:48

Las propuestas para enmendar la Carta Magna proliferan

Doris Soliz llegó el lunes a la sede partidaria para reunirse con los coordinadores de AP. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Doris Soliz llegó el lunes a la sede partidaria para reunirse con los coordinadores de AP. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Santiago Estrella G. Redactor
politica@elcomercio.com

En Alianza País las propuestas de enmienda a la Constitución brotan de todas partes. Al menos 18 se analizarán en el taller al que deberán asistir mañana los 100 legisladores en la sede que el oficialismo tiene en la capital.

Ya el lunes se dieron los primeros pasos para estas modificaciones a la Carta Magna. Los coordinadores parlamentarios de Alianza País se reunieron con la secretaria ejecutiva del movimiento, Doris Soliz, y con la ministra de Gestión de la Política, Viviana Bonilla. Según Fausto Cayambe, otro de los coordinadores, fue el lugar para ajustar la agenda legislativa y, “sobre todo, el papel de los asambleístas dentro del movimiento”.

Pero hay una fiebre de enmiendas. Podrían sumarse más o incluso reducirse, según Blanca Argüello, otra de las flamantes coordinadoras parlamentarias del oficialismo. Ella no puede decir más sino que son 18 los puntos a tratarse. Fueron trabajados por una comisión integrada por el Ejecutivo, el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera; por la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, “y dos asambleístas que no podemos mencionar”.

Tampoco puede decir cuáles son esos 18 puntos porque “el equipo jurídico está dando el respaldo” legal. Y Virgilio Hernández, legislador por Pichincha, no tuvo reparos en decir que “no conocemos todos los temas” a debatirse en la sede de mañana.

Cinco son las propuestas de enmienda conocidas. Son las que ha anunciado el presidente Correa (reelección, indefinida disminución de la edad para ser candidato presidencial, competencias de los gobiernos municipales, jubilación de las fuerzas del orden y el “hipergarantismo”). Pero aún hay más.

Gabriel Rivera no ha cesado en plantear que es necesario que la Corte Constitucional deje de ser el único organismo estatal que no tenga control. Mauro Andino se refirió, la semana pasada, a que el espectro radio eléctrico no debe ser considerado como un recurso natural no renovable, tal como está escrito actualmente.

Las propuestas no quedan ahí. Cayambe habló sobre la posibilidad de dejar sin plazo la elección de gobernadores regionales, cuya fecha máxima deberá ser en el 2016, según exige la Constitución. Y Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación de la Comunicación, plantea que la comunicación sea un servicio público, dejando por fuera el concepto de la comunicación como un derecho.

“Están midiendo”, dice Luis Fernando Torres, legislador socialcristiano, para saber qué cambios, “entre comillas, populares”, pueden acompañar la propuesta de reelección indefinida, que “no cuenta claramente con apoyo”.

Para él, estos cambios, sobre todo el de la comunicación como servicio público, “la erradicación de lo poco que queda de garantismo en el país” y despojar de las competencias de salud y educación a los municipios, es algo que no van a hacer. Al tratarse de temas de derechos, no lo pueden hacer vía enmienda, sino reforma.

La bancada del oficialismo ha querido mostrarse cauto frente a las enmiendas. No hay posiciones consolidadas aún sobre lo que muchos de ellos llaman “precisiones” que requiere la Constitución.

Lo que sí quieren hacer en Alianza País es medir bien los cambios a la Carta Magna que no afecten derechos. Pero más allá de ello, Hernández cree que la enmienda es el mejor camino para las modificaciones. Una consulta popular exige tiempos: solo 90 días para llevar adelante el referendo. Pero la enmienda requiere de un año entre el primer y segundo debate que permitiría cambios sin dejarse envolver por el calor de la coyuntura.

En contexto.

Desde el 23 de febrero, en el oficialismo se habló de la enmienda para la reelección indefinida. La semana pasada, desde el oficialismo se anunció que enviarían a la Corte Constitucional el petitorio de enmienda, pero aún no hay acuerdo final en AP.

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