7 de July de 2009 00:00

La Constitución, una camisa de fuerza para el Gobierno

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Redacción Política

Viendo los problemas que surgieron por la prisa y las arbitrariedades cometidas (en la aprobación de la Constitución)  en los últimos días en la Asamblea, me ratifico en que la postergación habría permitido alcanzar una mejor calidad en el debate y en el texto final”.

Esto asegura el  ex titular de ese  organismo, Alberto Acosta, en un extenso artículo titulado ¿Hace agua la Constitución de Montecristi?, en el cual  recuerda que hace un año renunció a la Presidencia porque se quedó sin apoyo de la cúpula de Acuerdo País por su  intención de extender el plazo del trabajo de la Asamblea.

Acosta reconoce que a pesar de esas dificultades, elaboraron, con una amplía participación ciudadana, “al menos en los siete primeros meses, una Constitución que refleja muchísimos anhelos de la mayoría de la población”. Por eso, dice, hay que impedir que, a través de las nuevas leyes e instituciones, se trate de vaciar de su contenido histórico.

Acosta señala que la  limitada  participación ciudadana en las últimas semanas de trabajo de la Asamblea “parece que se ha convertido en el modus operandi para consagrar la mayoría de leyes derivadas de los diversos principios constituyente. Por ejemplo, la Ley de Minería fue impuesta. Prácticamente no hubo debate. “No se ciñe  a los principios de la nueva Constitución”.

Además, afirma, se puso en vigencia una ley de soberanía alimentaria “que apenas traza la cancha del manejo agrario a grandes rasgos, pero que no se compromete con los principios constitucionales, sobre todo para que el Estado garantice dicha soberanía”. Es más, dicha ley fue vetada (por el Ejecutivo) afectando gravemente algunos de los pocos puntos rescatables, como son, entre otros, la necesidad de impulsar una redistribución equitativa de la tenencia de la tierra.

El ex asambleísta oficialista también refiere que se  prepara, una ley del agua que, violentando la Constitución, pasaría a formar parte de un código ambiental, donde se considera al agua como un mero servicio a ser mercantilizado, como ha sido la pretensión de los tratados de libre comercio.

A eso se suma     la nueva  Ley Orgánica de la Función Legislativa, que consagra que en un solo debate en el Pleno, se aprobarían las leyes elaboradas por el Ejecutivo, lo cual  desbarata varios acuerdos alcanzados en el debate constituyente. “Con este sistema se podría propiciar la introducción de productos transgénicos, así como las operaciones petroleras, mineras e incluso forestales en áreas protegidas”. Por eso, Acosta sostiene que “parecería que la Constitución, aprobada tras una campaña que contó con el apoyo entusiasta del Régimen  y del propio presidente (Rafael Correa) comienza a ser vista como una incómoda camisa de fuerza por parte de algunas personas en el Gobierno”.

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