30 de marzo de 2018 00:00

El Consejo de Participación transitorio plantea reducir gastos

Julio César Trujillo (centro) saluda con los consejeros Luis Hernández y Luis Macas (sombrero), antes del arranque de la sesión del Pleno de este jueves, 29 de marzo del 2018. Foto: Vicente costales / EL COMERCIO

Julio César Trujillo (centro) saluda con los consejeros Luis Hernández y Luis Macas (sombrero), antes del arranque de la sesión del Pleno de este jueves, 29 de marzo del 2018. Foto: Vicente costales / EL COMERCIO

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Mario Alexis González

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Reducir el tiempo de los concursos, simplificar los procedimientos y unificar las convocatorias y reglamentos. Esas son algunas de las medidas que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio analiza para reducir su presupuesto.

En el momento, la entidad trabaja con la planificación económica y la asignación que recibió el Consejo que fue cesado, tras la aprobación de la consulta popular y el referendo. El monto asciende a USD 11,2 millones.

Sin embargo, están preparando medidas que les permitan reducir esa cifra “sustancialmente”. Esperan que en un máximo de dos semanas esté listo el presupuesto que utilizarán hasta el 2019, cuando se elija a los consejeros definitivos.

Según el registro del Cpccs, el presupuesto 2017 de la institución fue de USD 12 millones y se gastaron USD 11,9 millones, es decir, el 98,74%. Por ejemplo, en remuneraciones, salarios, décimos, honorarios y horas extras se pagaron 6,2 millones.

Los concursos de designación son el punto previsto de ahorro. Por ejemplo, una idea es hacer una sola convocatoria para la conformación de comisiones ciudadanas de selección y que haya un banco de participantes que vayan incorporándose a cada proceso.

Antes se hacía un concurso en cada caso y la duración de cada proceso de designación se prolongaba hasta por ocho meses, con cada autoridad. Ahora se podrá reducir.

Los comisionados trabajan tres días a la semana. En el artículo 45 del Reglamento de las Comisiones Ciudadanas de Selección se establece una compensación por dietas.

Por cada día reciben 3,3% de la remuneración mensual unificada que percibe un consejero del Cpccs; es decir, cerca de USD 165 por sesión asistida.

Norma Quiñónez, presidenta de la Comisión que estuvo a cargo de los consejos de igualdad, había informado que tuvo ingresos de USD 3 000. El monto es similar al que recibieron durante cinco meses los comisionados a cargo de seleccionar a Carlos Pólit, excontralor que está prófugo.

Además, hay otros gastos logísticos. El 2017, por ejemplo, se pagaron USD 61 647 por el arrendamiento de una oficina, durante siete meses.

Evaluaciones

El mandato que el Cpccs transitorio aprobó para evaluar a las autoridades está por encima de todas las leyes y reglamentos y por debajo solo de la Constitución. Así lo aclaró este jueves, 29 de marzo del 2018, Julio César Trujillo, presidente de la entidad.

Se trata de un documento con 12 artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y dos finales. Tiene como objeto regular el proceso de investigación administrativa, evaluación, impugnación y resolución de las autoridades estatales sujetas a este control.

Según el funcionario, este mandato está al nivel de la Carta Magna, ya que es un mandato popular que se aprobó a través de la consulta. Entrará en vigencia desde que se notifique a los funcionarios evaluados. Incluso, si todavía no se publica en el Registro Oficial.

El objetivo es que las evaluaciones se inicien la próxima semana con cinco funcionarios. Pero el orden se definirá en una reunión de trabajo que los consejeros tendrán el lunes o martes próximos.

Una vez que el Consejo arranque con las evaluaciones formales, también empezará la planificación de los concursos. La comisión encabezada por Xavier Zavala Egas está a cargo de preparar los reglamentos de selección. Además, el Ejecutivo debe enviar las ternas para Procurador y para la Superintendencia de Comunicación.

Este jueves, el Consejo tenía previsto avanzar con la primera evaluación a Patricio Rivera, titular de la Superintendencia de Economía Popular. En su caso, el control se adelantó por un informe jurídico que reveló su incumplimiento de la ley, al tardar 235 días en posesionarse. Sin embargo, el funcionario no acudió a la audiencia para presentar su defensa. Envió una carta. Esta será leída la próxima semana en el Pleno y ahí se tomará una decisión.

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