El Consejo Nacional Electoral fiscaliza 465 cuentas de campaña

El pleno del CNE debe aprobar el informe de la Dirección de Fiscalización. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

El pleno del CNE debe aprobar el informe de la Dirección de Fiscalización. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

El pleno del CNE debe aprobar el informe de la Dirección de Fiscalización. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

Las cuentas de campaña están en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE). El organismo recibió 465 informes de las listas y analizará tres elementos: el monto del gasto, su origen y su destino. El objetivo es confirmar que los fondos sean legales y que no se haya excedido el límite permitido.

La información entregada se cruzará con la que fue levantada por el Consejo a través de su propio monitoreo. “En el caso de que exista un monto no declarado, pero identificado, procedemos a imputarlo al gasto electoral”, indicó Milton Paredes, coordinador de Participación Política.

Otro paso es contrastar las listas de aportantes con las bases de datos de otras instituciones, como el Servicio de Contratación Pública, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio de Energía.

Esto sirve para descartar incumplimientos de las prohibiciones legales. Por ejemplo, que los aportantes no tengan contratos o concesiones con el Estado, no estén vinculados en delitos de narcotráfico y lavado de activos, entre otros.

De identificar algún indicio sobre la existencia de un aporte ilícito, “remitiremos los expedientes a la Fiscalía y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE)”, advierte Paredes.

Mientras el CNE realiza este análisis, la Fiscalía avanza con investigaciones propias.

La madrugada del viernes, por ejemplo, allanaron las instalaciones del Partido Avanza, en Quito. La entidad investiga a su líder Ramiro González, quien es buscado por la Policía. Dentro de este caso también se investiga el financiamiento del partido desde las elecciones de 2012.

El caso Odebrecht también cubrió de dudas el financiamiento de las campañas, pero de Alianza País. Según los delatores brasileños, la empresa habría aportado ilegalmente a la campaña del Vicepresidente. Esto fue negado por el segundo mandatario, Jorge Glas, quien dijo que se trataba de calumnias contra el Gobierno.

Justamente la semana pasada el movimiento Creo pidió al CNE que investigara estas supuestas colaboraciones financieras. César Monge, su director nacional, cree que la autoridad electoral y la Justicia no han actuado con independencia, “nunca se ha hecho fiscalización de nada contra los abusos de Alianza País”.

Asimismo, afirmó que las cuentas de su movimiento están claras, que nunca han recibido sanciones y mucho menos dinero ilícito. Está prohibido que los partidos reciban aportes de personas jurídicas y empresas.

Wilma Andrade, directora nacional de la Izquierda Democrática, considera que el CNE debería simplemente cumplir con la Ley Electoral, sin discrecionalidad.

En el caso de sus candidaturas, la ahora legisladora señala que solo recibieron fondos de militantes, de los cuales conocían su origen. Además de que su campaña fue austera.

Pero admite que el CNE les pidió que ampliaran la documentación presentada. Eso fue respondido y está finiquitado.

Para el legislador del PSC y parte del equipo de la campaña presidencial, Henry Cucalón, fue “público y notorio” que hubo “campañas millonarias por todos lados”. Por lo que el CNE deberá determinar además si se sobrepasaron los límites.

En el caso del PSC, el asambleísta destaca que tienen una amplia experiencia en campañas y ya presentaron todas sus cuentas. “Sabemos cómo se hacen las cosas”.

Este Diario intentó contactarse vía telefónica con los representantes políticos y tesoreros de campaña de Alianza País y Avanza, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

El Código de la Democracia manda que el CNE publique “durante y después del proceso electoral toda la información relativa al financiamiento y gasto” a través de su página web. Esto no ha sucedido.

En enero de 2016, la autoridad dio 90 días para que las organizaciones transparentaran sus cuentas en sus páginas web. Tampoco ha sucedido.

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