17 de abril del 2015 00:00

El Consejo Directivo del IESS dispuso austeridad en la entidad

Jubilados

Jubilados se movilizaron ayer en Quito para pedir que el Fisco no retire el 40% de aporte. Foto: Jenny Navarro / EL COMERCIO

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Red. Negocios y Tendencias (I)

El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) puso en marcha un “plan de austeridad y restricción de gastos en toda la entidad desde el 23 de marzo pasado. Así consta en las resoluciones CD 480 y 482.

Las medidas que tomará la entidad van desde limitar la contratación de asesores hasta prohibir la contratación y entrega de objetos promocionales, agendas, calendarios, cuadernos y revistas (excepto la memoria anual y publicaciones institucionales).

El máximo organismo regulador del IESS prohibió la remodelación de oficinas y edificios administrativos.

También se suspenden las renuncias voluntarias con indemnización y se restringe a lo “indispensable” el uso de servicios como energía eléctrica, telefonía y agua.

En la resolución también se prohíbe la contratación de consultorías, con excepción de aquellos estudios en los cuales la entidad no cuente con personal especializado para su elaboración.

Para viajes al exterior se fijaron condicionamientos: únicamente se autorizarán para actividades relacionadas con los objetivos de la seguridad social, para lo cual se trasladarán exclusivamente los funcionarios de las dependencias vinculadas con la materia, para becas, y para seminarios y congresos. Solo se exceptúa de estos requisitos a los miembros del Consejo Directivo, director y subdirector general de la entidad.

También prohíbe la suscripción de contratos ocasionales o de contratos profesionales que creen partidas adicionales a las existentes o que incrementen la masa salarial administrativa, excepto médicos y paramédicos.

Otras medidas son suspender las horas extras y suplementarias (excepto en unidades médicas) previa justificación, y restringir las comisiones de servicio dentro del país solo para aquellas actividades de estricta necesidad institucional y hasta cinco días al mes, excepto los miembros del Consejo Directivo, director y subdirector general.

Las medidas se tomaron en medio de un fuerte debate sobre una supuesta liquidez de la entidad, que defiende el Gobierno y que lo ha llevado a tramitar una polémica reforma que elimina su aporte del 40% para el pago de pensiones por una garantía de carácter general para dar los recursos “cuando haga falta”.

El Gobierno niega una deuda de salud con la entidad que califica de ficticia y que, según el IESS, superaría los USD 1 800 millones.

Ayer, jubilados se reunieron con las autoridades del Seguro Social, en Quito, para pedir que se revise la intención de eliminar el aporte fijo del Estado vía reforma legal, que ya fue aprobada por la Asamblea.

Pero las autoridades del Seguro les dijeron que eso ya no estaba en sus manos, sino del presidente Rafael Correa quien debe vetar la Ley.

Los jubilados se movilizaron a Carondelet. Los conductores que pasaban cerca con sus vehículos tocaron sus pitos en respaldo.

Un piquete de policías los siguió en su recorrido. Aunque una comitiva fue recibida, aseguran que no recibieron respuesta por lo que se convocaron otra vez para hoy.

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