18 de December de 2009 00:00

El Consejo no podrá cerrar medios

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Redacción Política

Un aplauso selló el acuerdo al que llegaron las fuerzas políticas de la Asamblea. Así se allana el camino para la aprobación de la Ley de Comunicación.

Ayer, nuevamente, gobiernistas y opositores se reunieron para pulir las siete reformas claves que se incluirán en el proyecto presentado por la Comisión ocasional.

El ambiente de satisfacción era evidente, puesto que se  renovó el compromiso de los legisladores por seguir unidos, incluso, para enfrentar un potencial veto presidencial cuando la ley llegue a su despacho. Lourdes Tibán (Pachakutik) fue quien encendió la alerta el miércoles. Ella dijo que no se debía considerar la facultad del Ejecutivo, como colegislador, para modificar el texto legislativo con los acuerdos alcanzados.

No obstante, ayer el titular  del organismo, Fernando Cordero, calmó las aguas y las encauzó con solvencia. Sostuvo que si el compromiso de las fuerzas políticas se mantiene, habrá, al menos, los 83 votos que se necesitan para insistir en el texto legislativo, en caso de que el presidente Rafael Correa vete de forma parcial o total la Ley de Comunicación. 

El acuerdo no fue fácil. Durante dos días (más de 15 horas de sesiones) los legisladores se reunieron para desmenuzar los puntos más cuestionados del proyecto que elaboró la Comisión ocasional. Entre los aspectos tratados, el más discutido fue la conformación del Consejo de Comunicación y sus facultades para sancionar a los  medios.

La oposición fue tajante en su criterio. “Por ningún motivo, el Consejo podrá suspender o clausurar un medio”, sostuvo Cynthia Viteri (Madera de Guerrero). Esta fue la condición que la legisladora puso para suscribir el acta de compromiso.

Si bien Alianza País había aceptado disminuir las atribuciones del Consejo, el tema de las sanciones aún suscitaba desconfianza. Esta bancada descartaba la posibilidad de que el organismo pueda clausurar un medio, pero sí suspenderlo por faltas graves.

Con esas opiniones en ciernes, las fuerzas legislativas volvieron a sesionar ayer. 20 asambleístas (11 de la comisión y 9 representantes de las fuerzas políticas) se reunieron desde las 08:30. Un desayuno marcó el inicio de la jornada para aliviar las tensiones. Luego, se reunieron a puerta cerrada para llegar a un acuerdo.

Al mediodía hubo consenso. La disputa terminó con la fórmula  planteada por  el grupo ADE. Es decir, que el Consejo solamente pueda suspender un programa determinado, pero no a toda la empresa o medio de comunicación. Todos aceptaron esa iniciativa y agregaron que para suspender un programa se tomarán en cuenta el artículo 13 de la Convención Interamericana de DD.HH. y al artículo 46, literal 7, de la Constitución ( ver breves).

Además, en caso de existir una infracción de tipo judicial, cometida por un determinado medio de comunicación, la causa será conocida por los jueces civiles, penales o la Corte Constitucional. Esta acción solo podrá cumplirse para  medios radiales y televisivos. Aunque, según advirtió Betty Carrillo, presidenta de la Comisión ocasional, para controlar a los  impresos se pedirá una reforma al Código de Procedimiento Penal. Esta normativa  tiene un capítulo especial sobre delitos de la prensa. La intención es que los trámites judiciales se aceleren.

Otro acuerdo que se sumó ayer fue la decisión de que el Estado revierta todas las frecuencias del espectro radioeléctrico que fueron entregadas violando la leyes. Para cumplir con esta medida, se tomarán en cuenta los informes de las autoridades competentes.

Kléber Chica, presidente de Asociación de Radiodifusores de Ecuador, pidió que la reversión de las frecuencias sea tomada con calma, para que no existan demandas contra el Estado.

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