13 de enero de 2018 11:00

2 973 conductores alistan demandas por las fotomultas

En la av. Amazonas, cámaras controlan las infracciones que cometen los conductores. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

En la av. Amazonas, cámaras controlan las infracciones que cometen los conductores. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Fernando Medina
Redactor (I)

En una ventanilla del Centro de Matriculación, en Quito, un empleado le comunicó a Carlos que no puede registrar su vehículo porque tiene 150 multas por infracciones y que desde hace un año y medio adeuda USD 25 000.

No hubo mayores explicaciones. Lo único que indicó el funcionario es que todas las faltas viales fueron captadas por un radar instalado en el kilómetro 14 de la Ruta Viva, en el oriente de Quito.
Pero Carlos dice que hasta el momento, la Agencia de Tránsito de Quito (AMT) no envía las notificaciones escritas.

El caso de Isabel Hernández es similar. A ella le dijeron que adeuda USD 4 500 y que tiene 30 fotomultas. Pero solo le han notificado de siete y del resto no sabe cuándo las cometió.

En la radio escuchó que había más casos como el suyo. De hecho, desde el 2014 los conductores que se sienten afectados se han agrupado alrededor de Contravía, un estudio jurídico que ahora los representa.

Hasta esas oficinas han llegado 2 973 conductores que alegan no haber sido notificados o que lo hicieron a destiempo.

La Ley de Tránsito (art. 179) determina un plazo de 72 horas para que las autoridades informen a los infractores del hecho cometido. En esa norma se detalla que “en caso de que no se pueda entregar la boleta personalmente, de ser posible sea remitida al domicilio del propietario del vehículo”.

Danny Gaibor es el abogado que está al frente de todos. En su despacho reposan avisos que han llegado hasta dos años después del hecho.

El director de la AMT, Julio Puga, explicó que sus agentes tienen hasta 90 días para entregar las notificaciones. Su explicación se basa en el art. 417 del Código Penal.

En el numeral 6 se indica que la infracción prescribirá en tres meses, contados desde que esta se comete.

A la AMT no han ingresado quejas formales del grupo defendido por Gaibor.

Isabel Hernández y su abogado Danny Gaibor verifican una de sus multas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Isabel Hernández y su abogado Danny Gaibor verifican una de sus multas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El año pasado, 2 350 de los 47 698 choferes sancionados por fotomultas en Quito impugnaron las infracciones. En cambio, en el 2016 hubo 30 259 sancionados y se reportaron 498 reclamos legales.

A José Bedón la información de los agentes le llegó entre cinco y siete meses después de que supuestamente conducía a exceso de velocidad y se había pasado un semáforo en rojo. Él tiene siete infracciones y ahora adeuda USD 850.

La última vez que fue a la Agencia le indicaron que pese a la demora en avisarle, igual debe pagar los rubros.

Al esposo de Lupe Armas le dijeron lo mismo. Ellos adeudan USD 500 por cuatro infracciones. Las multas fueron generadas en el 2015, 2016 y 2017, pero hasta el momento no le han entregado los avisos.

En el caso de Carlos e Isabel también ocurrió aquello. Tampoco tienen las notificaciones.

Todos están en el grupo de Gaibor y actualmente alistan una demanda en contra de la AMT, para que un juez los libere de esas sanciones.

En el 2017, esa entidad enfrentó ocho procesos legales. En todos los casos, los jueces fallaron a favor de la Agencia Metropolitana de Tránsito.

El juez Víctor Zumárraga conoció una demanda presentada por 75 personas, quienes reclamaban por las notificaciones entregadas a destiempo.

En ese caso, solo 10 resultaron favorecidos. Al resto se les ratificaron las multas. En esa ocasión, Zumárraga analizó los plazos para las notificaciones que se establecen en la Ley de Tránsito y en el COIP.

En su fallo explicó que era necesario que las personas cancelasen sus faltas pese a que no se les comunicara en tres días, pues sí infringieron la ley.

El magistrado explicó que si se los absolvía, significaba dejar en impunidad los hechos “que pudieron generar graves consecuencias”. “Los jueces debemos velar por la justicia y la seguridad de todos. Exceder la velocidad o no respetar los semáforos puede generar accidentes, heridos y muertos. No sancionarlos sería irresponsable de nuestra parte”.

El año pasado (sin los datos de diciembre) hubo 26 291 siniestros que dejaron 1 935 muertos y 20 045 heridos.

En los casos en que sí se levantó la multa se comprobó que la AMT no notificó de forma adecuada las infracciones. Actualmente, la entidad usa cinco vías para este proceso.

Entre esas se encuentran mensajes de texto al celular, correos electrónicos y a través de mensajeros que acuden a las viviendas. De no funcionar estas tres opciones, las autoridades publican las faltas en medios de comunicación impresos o en la página web de la AMT.

Gaibor dice que el aviso en la plataforma digital no es legal.
En eso coincide el juez Zumárraga, pues no es una comunicación directa con el infractor y este puede impugnar.

Puga afirma que la información a través de la vía digital sí es válida y se basan en el Reglamento para la aplicación de la ley de transporte terrestre (art. 238). Allí se indica que “las contravenciones detectadas por medios electrónicos y tecnológicos podrán ser notificadas por cualquier medio”.

Pero también hay casos en que las notificaciones no llegan por ninguna vía. Eso le ocurrió al esposo de Paulina Tapia, quien matriculó su auto en septiembre pasado. Mientras realizaba el trámite se enteró que tenía dos multas por exceso de velocidad del 2014.

Durante tres años dice que no le comunicaron de las sanciones, pese a que verificaban en la AMT. Su primo también tuvo el mismo problema con una multa del 2015. Hasta hoy no tiene aviso alguno.

Lo que no debe olvidar sobre las infracciones

Las multas se pueden impugnar en los tres primeros días en que la AMT haya notificado la sanción.

Para impugnar, acuda al juzgado más cercano al lugar en donde se cometió la infracción vial.

En el juzgado debe presentar la boleta, una copia de cédula y la petición firmada por el dueño del auto.

Actualice los datos personales cada año. De esta forma, las boletas llegan a su casa, correo y teléfono.

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