10 de abril de 2017 10:13

Cuatro condenas contra Raúl Carrión no se ejecutan

rchivo / el comercio En octubre del 2012, Raúl Carrión (c) asistió a una diligencia judicial en la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

En octubre del 2012, Raúl Carrión (c) asistió a una diligencia judicial en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Javier Ortega

Raúl Carrión habló tres minutos antes de cerrar el teléfono. “Si esto no les interesó antes, mucho menos ahora”, dijo el viernes 7 de abril del 2017 y cortó la llamada.

El exministro del Deporte vive en Guayaquil y cada semana se presenta en la Corte Provincial de Guayas por los procesos penales que hay en su contra. Actualmente tiene cuatro condenas; la más alta es de cinco años por peculado.

La última sentencia se dio hace cinco días y para esta semana están previstas nuevas diligencias. Estos procesos le impiden salir del país, pero puede moverse libremente dentro de Ecuador.

¿La razón? Ninguna sentencia por ahora está en firme. Su abogado ha apelado los fallos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), donde se ventilan los procesos, y estos se han dilatado y han pasado nueve años desde la apertura de las primeras indagaciones. En el 2008, la Fiscalía detectó irregularidades en la firma de contratos para obras.

Pero los casos no solo se han extendido por las apelaciones. A lo largo de este tiempo se han presentado hechos como estos: jueces reemplazados, testigos ausentes, inasistencias por enfermedad y demoras a la hora de fijar fechas para las nuevas citas judiciales.

Entre 2007 y 2011, Washington Pesántez dirigió la Fiscalía General y fue el primero que investigó a Carrión. Vía telefónica, el exfuncionario dijo que le llama la atención que hasta ahora no haya una sentencia en firme, sobre todo si se toma en cuenta que cualquier proceso puede extenderse máximo hasta dos años, con todos los recursos de impugnación que la ley permite (apelación, casación y revisión).

EL COMERCIO buscó explicaciones. Primero en el Consejo Judicatura, ente que vigila todo el sistema judicial. Allí señalaron que “no les corresponde pronunciarse sobre ningún juicio que esté activo en el campo jurisdiccional”.

Y luego en la Corte Nacional. En esa dependencia extraoficialmente precisaron que no pueden dar ningún criterio porque son temas que le competen a cada magistrado. Y explicaron que “varios jueces” han pedido dejar los casos, porque en etapas anteriores ya participaron en procesos en contra del exministro.

Eso ocurrió, por ejemplo, con el juez Luis Villacrés, quien fue reemplazado por el conjuez Richard Villagómez.

A través de un oficio interno, el presidente de la CNJ, Carlos Ramírez, dispuso ese cambio con base en el artículo 174 del Código de la Función Judicial. Allí se dice que “en caso de ausencia o impedimento de un juez que deba actuar en determinados procesos” se elegirá al sustituto, previo un sorteo.

Erwin Blum, abogado de Carrión, admite que esto ha sido “un desgaste para la administración de justicia” y la responsabiliza por las dilaciones.

“Imagínese: nosotros apelamos y para convocar a la audiencia se demoran año y medio, dos años. Saque su propia conclusión”, asegura.

Actualmente, los procesos en contra del exfuncionario ya han pasado por tres cortes nacionales. La primera, que estuvo presidida por Vicente Troya (ya fallecido), entre 2008 y 2011. La segunda, entre 2011 y 2015, y la actual; ambas dirigidas por Carlos Ramírez.

Blum dice que esto no es un beneficio para Carrión, porque cuando las sentencias estén en firme, él tendrá que ir preso. “Si lo ponen por el lado de que el Gobierno lo está ayudando y por eso se dilatan los juicios, eso es mentira”, dice.

Y luego explica que no hay penas acumulativas, por lo que su cliente solo deberá cumplir la más alta, que por ahora es la de cinco años. “Él ya sería un hombre libre, porque han ya han pasado casi 10 años (del primer proceso)”.

Los aplazamientos de las audiencias constan en el portal oficial de la CNJ. El 10 de febrero pasado, por ejemplo, se fijó una diligencia para el 3 de marzo. En el escrito, el conjuez Óscar Enríquez señalaba que esa sería la segunda vez que se convoca a esa cita y hacía un llamado a procesados y abogados para que asistan, debido a que la “carga procesal, hace imposible los diferimientos”.

Sin embargo, pese a la advertencia, el 3 de marzo la diligencia se suspendió por la ausencia de un juez del Tribunal.

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