6 de noviembre de 2014 21:50

Segunda condena contra policías por caso de Derechos Humanos

Ayer, familiares de las víctimas se abrazaron tras escuchar la resolución final de la Corte. Foto: EL COMERCIO

Ayer, familiares de las víctimas se abrazaron tras escuchar la resolución final de la Corte. Foto: EL COMERCIO

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Javier Ortega. Redactor (I)
jortega@elcomercio.com

En el auditorio de la Corte hubo sentimientos encontrados. Por un lado estaban Dolores Vélez y Dolores Briones. Las dos perdieron a sus esposos el 19 de noviembre del 2003. 11 años después hay una sentencia por las muertes de sus parejas.

Dolores Guerra las acompañaba. Para ella aún existe incertidumbre. Su marido sigue desaparecido desde aquella incursión policial ejecutada en una farmacia de Guayaquil.

Ayer, las tres evitaron las cámaras. Llegaron temprano a la Corte y escucharon atentas la resolución del Tribunal. El juez Wilson Merino leyó la sentencia. “Culpable de asesinato... En el grado de autor. 16 años de reclusión mayor”, exclamó.

La misma condena pagarán otros cuatro agentes por las ejecuciones extrajudiciales en el operativo en la farmacia.
Entre los sentenciados está Erick S. En una imagen se ve al policía custodiar a Johnny Gómez, esposo de Dolores Guerra. Fue lo último que se supo de él.

Para un exfiscal y otros cuatro uniformados, la Corte de Justicia fijó una pena de dos años de cárcel por ser encubridores de los asesinatos de las ocho víctimas que fallecieron el 19 de noviembre del 2003.

Pero estos cinco procesados no cumplirán la condena, pues los jueces aplicaron el principio de favorabilidad, una figura legal que se incorporó en el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En caso de que hubiera conflictos entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, precisa la ley.

En el COIP no existe el delito de encubrimiento. Por ello, los 5 procesados recuperarán su libertad en las próximas horas.
Esta es la segunda sentencia condenatoria que logra la Fiscalía contra agentes del Estado.

La primera se la consiguió en el denominado caso Lema. Tres fueron las víctimas. Ocurrió el 18 de septiembre de 1998.
Sin orden de captura ni orden de allanamiento -según la Fiscalía- policías arrestaron a Washington Bolaños, Edwin Punguil y José Lema. Los acusaron del asesinato de Flavio Pantoja, un comerciante acribillado al salir del Banco La Previsora, el 24 de agosto de 1998.

En junio de este año, un Tribunal condenó a tres años de prisión al policía en servicio pasivo Pedro U. Se lo sentenció como culpable de las torturas perpetradas contra Lema y sus amigos. Otros dos exagentes fueron declarados inocentes.

Actualmente, la Comisión de la Verdad de la Fiscalía mantiene abiertos otros cinco juicios en los que se investiga violaciones de los DD.HH. ejecutadas por agentes del Estado (militares y policías). Allí constan los casos de Susana Cajas, Luis Vaca, Vicente Grijalva, Benito Bonilla y Damian Peña.

Otras 129 denuncias por presuntos abusos de los DD.HH. están en indagación previa.

Ayer, los jueces ratificaron la inocencia para el comandante de la Policía de aquella época, el general (sp) Jorge Poveda.

En el juicio, la Fiscalía no demostró que el alto oficial haya tenido participación en el operativo de noviembre del 2003.

Al otro extremo del auditorio estaban los agentes procesados. Los familiares rompieron en llanto y se abrazaron cuando el juez Merino precisaba que los detenidos deberán pagar la condena en el complejo carcelario de Cotopaxi.

Afuera de la Corte colocaron carteles que cuestionaban a la justicia. Adentro hubo gritos: “Viva la Policía, viva el GIR, abajo la delincuencia. Ellos cumplieron su trabajo de protegernos de la delincuencia” .

Ramiro Román, abogado de los policías, cuestionó la decisión del Tribunal. “Aquí tratan de proteger o dejar en la impunidad a mucha gente. Esperaremos la sentencia por escrito para impugnarla”.

La Corte de Justicia también fijó una indemnización a las víctimas. USD 816 498 en total para las cuatro viudas que demandaron a los policías.

Para el fiscal general, Galo Chiriboga, la sentencia es un triunfo para el Estado ecuatoriano y las víctimas, pues se comprobó que hubo graves violaciones a los derechos humanos.

Ayer, la Corte señaló que el caso ya no se conocerá más como Las Dolores, sino que llevará el apellido del mayor de la Policía Nacional que dirigió el operativo y que actualmente se encuentra prófugo.

El juicio contra el oficial y otros seis sospechosos queda pendiente hasta que sean capturados. También, permanece en vilo la desaparición de cuatro víctimas que aquella mañana del 19 de noviembre del 2003 estuvieron en la farmacia.

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