4 de mayo de 2017 00:00

34 años de condena para jefe de sicarios de traficante ecuatoriano

El 11 de abril, la Policía colombiana detuvo a Washington Prado (der.) y a Leonardo Vera (izq.), otro integrante de la red. Foto: Policía de Colombia

El 11 de abril de 2017, la Policía colombiana detuvo a Washington Prado (der.) y a Leonardo Vera (izq.), otro integrante de la red. Foto: Policía de Colombia

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Javier Ortega
Redactor (I)

En la diapositiva aparecen las fotografías de 21 integrantes de la organización criminal vincu­lada a Washington Prado, el ‘capo ecuatoriano’ capturado hace 15 días en Colombia.

En el centro de esa presentación está la imagen de Jhon Henry Vinces Calderón, un manabita de 25 años, que desde el 2016 permanece en el ala de máxima seguridad del complejo carcelario de Turi, en Cuenca.

Allí paga una condena de 34 años por el asesinato de Geomar Holguín. Pero investigaciones policiales lo relacio­nan con otros 11 crímenes.

Los agentes advierten que el procesado manejaba el cuerpo de sicarios que Prado montó en Manabí. EL COMERCIO accedió al informe que fue levantado en las últimas horas por Inteligencia, y en donde se detalla la forma cómo operaba esta organización delictiva.

Ese informe y oficiales que trabajan en Manta señalan que Vinces Calderón tenía bajo su mando a sicarios que asesinaban a personas que eran parte de otras redes del narcotráfico.

Por cada muerte, los sospechosos cobraban de USD 3 000 a USD 5 000, revela un agente.  Uno de los crímenes que se le atribuye a este brazo armado es el de un hombre de 30 años. La víctima fue baleada el 21 de junio del 2015, en el barrio Miraflores, en Manta.

Las investigaciones refieren que él y otros dos jóvenes que sobrevivieron a la arremetida tenían nexos con la organización de Prado, pero días antes se negaron a entregar combustible para una de las lanchas rápidas que estaba por salir con droga desde Bahía de Caráquez hasta Centroamérica.

En el documento levantado por Inteligencia también se menciona que Vinces Calderón viajaba a menudo a Colombia. Los datos migratorios evidencian al menos tres ingresos a ese país; aunque los agentes no descartan que haya llegado a esa nación más veces, pero a través de pasos ilegales.

Vinces Calderón no es el único con entradas a Colombia. Dos de sus primos, quienes -según la Policía- también integraban la red de sicarios, reportan una entrada regular cada uno.

En ese país operaba una facción de la estructura criminal de Prado, a quien la prensa colombiana lo ha apodado el ‘Pablo Escobar ecuatoriano’.

Vía telefónica, Jorge Luis Vargas, jefe de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Colombia -unidad a cargo de la investigación en contra de esta estructura delictiva- dijo a este Diario que en este momento se indaga si hay nexos entre algunos crímenes perpetrados en Tumaco y esta red ecuatoriana.

Las investigaciones también apuntan a muertes violentas reportadas en Cali. Allí estaba radicado Jefferson Bravo, un ecuatoriano detenido en octubre pasado por agentes colombianos en una operación que fue denominada Mantarraya.

De hecho, en el informe de Inteligencia aparece la foto de Bravo junto a la de Prado, y se advierte que ambos eran los principales cabecillas de la red de drogas. El primero ya fue extraditado a EE.UU., país que pedía su cabeza por el envío de más de 50 toneladas.

De Prado, en cambio, el general Vargas señaló que a más tardar en dos meses concluirán los trámites judiciales y será enviado a Estados Unidos.

¿Con estas operaciones se desarticuló toda la organización delictiva? Policías que trabajan en Manta señalan que se dio un ‘golpe bastante fuerte’, pero reconocen que aún hay sospechosos por capturar.

“La detención de Vinces (Calderón) y de otros sicarios fue importante. Se redujeron las muertes violentas. Es la primera vez que un Tribunal de Manabí impone una pena tan alta (34 años). Así se sentó un precedente”, comenta un oficial de la Policía.

Pero la desarticulación del brazo operativo de Prado no fue fácil, según los uniformados. Hubo reuniones previas para evitar que fiscales o jueces dejen en libertad al sospechoso. Incluso, los magistrados que emitieron la sentencia siguen con resguardo policial.

Bajo amenaza, Vinces Calderón también silenciaba a familiares de las víctimas. La Policía tiene dos casos en los que parientes testificaron inicialmente en su contra, pero en una segunda versión restaron responsabilidades al sospechoso. Así dese­charon testigos que pudieran declarar en contra de la banda.

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