19 de February de 2010 00:00

El concurso se empaña en la fase final

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Redacción Política

Las últimas impugnaciones que recibió el Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la calificación de los aspirantes a una de las 14 vocalías del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), demuestran que el concurso no estuvo exento de polémicas omisiones.

Ayer se reveló el caso de David Rosero. Él es el finalista masculino de mayor puntaje (87.50) en la tabla de calificaciones finales para integrar este estratégico Consejo. Entre otras atribuciones, esta entidad participará en la designación de los titulares de los organismos de control (Contralor, Procurador y superintendentes), así como el Fiscal General, el Consejo de la Judicatura...



Cuatro impugnaciones
En contra de la candidata Linda Vidal consta una impugnación por ocultar información respecto a denuncias en su contra por maltrato en el Colegio Fiscal de Guayaquil, Rita Lecumberry.
Carlos Vera Quintana, ex vocal del Consejo de Participación transitorio, es impugnado por sus vecinos por una deuda de USD 7 484 para el mantenimiento del edificio en el cual habita.   
Lorena Herrera Evans fue cuestionada por desempeñar dos cargos públicos, pese a que la Ley lo prohíbe expresamente. 
Jaime Lara Portilla recibió dos impugnaciones por un juicio de  concusión durante sus funciones como agente fiscal. Por ello, fue destituido de su cargo.Quien impugna la candidatura de Rosero es Leonardo Cuichán. Él argumenta que el título de bachiller de este ex militante del MPD no está refrendado ni notariado por el Ministerio de Educación. Lo mismo ocurre con un documento que le extendió el Frente Popular (afín al MPD), que no tiene el sello que lo avala. Pese a estas inconsistencias, el CNE le otorgó una calificación de ocho y tres puntos, respectivamente.

Su titular, Omar Simon, asegura que aún no está confirmada la supuesta ilegalidad  de los documentos. “Verificaremos la veracidad de las denuncias presentadas en esta fase”.

De ratificarse estas anomalías, Rosero podría quedar fuera del concurso. Así lo establece el reglamento en su artículo 6: “El expediente de los postulantes deberá presentarse en original y copia  debidamente sumillados. Toda la información descrita  deberá contener información de respaldo. El incumplimiento será causal de descalificación del postulante”.

Rosero no es el único que ha sido impugnado. La noche del miércoles, el Pleno del CNE declaró la procedencia de ocho de los 25 pedidos de impugnación que se han presentado en contra de seis de los 24 mejores calificados en el concurso. Se trata de  Linda Vidal, Lorena Herrera, Christian Cruz Larrea, Carlos Vera Quintana, Jaime Lara y  Rosero.

Otro caso de supuesta falsificación de documentos afecta a Cruz, quien es impugnado por Diego Morales, secretario ejecutivo de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. En el documento de impugnación, se argumenta que Cruz alteró tres documentos de su carpeta que tienen relación con esta asociación estudiantil.

Estas denuncias deberán sustentarse  únicamente a través de documentos la próxima semana, cuando se inicie la fase de prueba. Esta busca que tanto el impugnado como el denunciante presenten pruebas de cargo y descargo. Todas estas anomalías se denuncian pese a que las carpetas de los postulantes pasaron por un proceso de  más de 10 revisiones exhaustivas.

Aunque Simon garantiza total  transparencia, reconoce, por ejemplo, que hubo problemas en los cuestionarios de la prueba de conocimientos. “Las preguntas las hicieron los  catedráticos (escogidos por el CNE para este concurso) pero no pasaron por un filtro adicional”. De esta manera, Simon pone distancia de las fallas denunciadas en las pruebas. 

El ex presidente transitorio del Consejo de Participación, Julián Guamán, criticó la elaboración de las preguntas y aseguró que la calificación de las carpetas académicas fue subjetiva.   De los 124 pedidos de recalificación que se presentaron, el CNE aceptó la pertinencia de 76.    

Todas estas irregularidades generaron críticas desde la Asamblea. El legislador del PRE, Abdalá Bucaram Pulley, pide  declarar desierto el concurso para elegir a los miembros del Cpccs, por considerarlo un proceso viciado.

Sin embargo, el concurso está blindado, puesto que Simon dice que no hay la figura de nulidad de este proceso en la Constitución, en la Ley o en  el Reglamento. 

Los veedores que siguieron el concurso también han reconocido que hubo limitaciones para acceder a todas las fases del concurso. “Se jactan de que fue un proceso transparente porque  la información estuvo en la web pero no todos vimos los que pasó por dentro”, asegura Oswaldo Vargas. Su queja y la que eleven sus compañeros será parte del informe que articulen, pero este no tendrá el carácter de vinculante.

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