25 de abril de 2018 13:02

Concejales de Quito del Bloque Alfarista solicitan a la Fiscalía que investigue supuestos casos de corrupción

Los concejales del Bloque Alfarista acudieron a la Fiscalía General del Estado para solicitar que se investiguen los supuestos casos de corrupción en el Municipio de Quito,  la mañana de este miércoles 25 de abril del 2018. Foto: Eduardo Terán / EL COMERC

Los concejales del Bloque Alfarista acudieron a la Fiscalía General del Estado para solicitar que se investiguen los supuestos casos de corrupción en los procesos de regulación del sistema de transporte, la mañana de este miércoles 25 de abril del 2018. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Diego Bravo

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Los concejales del Bloque Alfarista acudieron la mañana de hoy, 25 de abril del 2018, a la Fiscalía General del Estado. La razón: pedir una solicitud de investigación ampliada a los procesos de regularización del sistema de transporte.

Asimismo, para pedirle al alcalde Mauricio Rodas que transparente su gestión, puesto que "como cabeza de la ciudad es el máximo responsable de la crisis institucional que atraviesa el Municipio".

Esto ocurrió en medio de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía por supuesta corrupción en la que funcionarios de las empresas, entidades municipales, junto a dos concejales, son investigados.

En ese sentido -indicaron los concejales del Bloque Alfarista en un comunicado- "el alcalde Rodas debe presentar ante el Concejo Metropolitano un informe detallado de la situación actual de los proyectos y procesos del sistema de movilidad de Quito".

De otro lado, los concejales recomendaron que, para superar la crisis institucional, se debe poner en consideración al Concejo la reconformación de las comisiones de Mesa, Movilidad y Uso de Suelo "hasta que los dos concejales investigados por la Fiscalía esclarezcan la situación".

Otro pedido: que se considere la opción de inhabilitar la resolución número C-027 correspondiente al 22 de febrero del 2018.

Esta trata sobre la autorización entregada al alcalde para obtener un crédito por USD 134 millones, más el porcentaje correspondiente a la comisión de estructuración y gastos de operación. La razón de ese pedido: "la gestión de esta administración ha sido deficiente y ha generado desconfianza en el manejo de recursos".

Tras presentar el pedido, los concejales tenían previsto acudir a la Contraloría. De ahí a las superintendencias de Compañías y de Economía Popular Solidaria para que intervengan. "En el caso de que esas entidades encuentren responsabilidad que comprometan su gestión, iniciaremos su proceso de remoción".

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