23 de febrero de 2017 10:44

Una Unidad Judicial dictaminó que el Alcalde de Quito debe entregar información sobre publicidad

El grupo de Concejales de Alianza País dio una rueda de prensa la mañana de este jueves 23 de febrero del 2017. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El grupo de Concejales de Alianza País dio una rueda de prensa la mañana de este jueves 23 de febrero del 2017. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Daniel Romero

La administración de la Alcaldía de Quito deberá entregar toda la información sobre el gasto en publicidad hasta el 8 de marzo de 2017. Esto después de que un juez de la Unidad Judicial de Contravenciones de Tránsito aceptara, parcialmente, la acción de acceso a la información presentada por el bloque de concejales de Alianza País.

Mediante rueda de prensa realizada la mañana de este jueves, 23 de febrero de 2017, el bloque de País informó que la notificación de la Unidad Judicial llegó el martes 21 de febrero.

Según Carlos Páez, concejal de Alianza País, fueron cuatro meses desde que hicieron el primer pedido. "El 27 de octubre de 2016 realizamos el primer pedido de información sobre el gasto de la administración municipal en propaganda. Esto porque consideramos que hay un excesivo gasto en publicidad", dijo.

Después de ese pedido, el cual fue suscrito por 17 concejales, Páez reiteró la solicitud, en dos ocasiones más. Páez indicó que esto les llevó a plantear una acción constitucional de acceso a la información, el pasado 7 de febrero. Como resultado de esa acción se convocó a una audiencia para el 14 de febrero de 2017. "En el intermedio, el alcalde dispuso que se nos entreguen copias de los gastos. Sin embargo esa información estaba incompleta porque no incluía a varias instituciones de la alcaldía", señaló.

El bloque de Alianza País señaló que, tras la audiencia, el Juez dictaminó que se entregue la información. "También declaró que se se ha violado el derecho al acceso a la información al denegarse a la solicitud que se hizo en octubre de 2016", dijo.

Según los concejales de País, si la información solicitada no se entrega en el plazo de 15 días, podría ser tomado como un desacato y esto provocaría la destitución del cargo del alcalde, Mauricio Rodas.

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