23 de mayo de 2017 17:43

Concejala de Quito es llamada a juicio

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Sara Ortiz

La concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Karen Sánchez, fue llamada a juicio como supuesta autora de asociación ilícita en el caso llamado Isis, cuya investigación fiscal la relaciona con una red lideraba ella y su pareja Omar S., través de la que supuestamente exigía dinero a los dueños de locales de diversión nocturnos de la capital para evitar cierres y clausuras.

Estos hechos aparentemente ocurrieron en el 2014 y según el expediente fiscal se detalla que los sospechosos pedían hasta USD 4 000 a los dueños de discotecas, bares y casas de citas a cambio de permitirlos operar.

La decisión de llamar a juicio a la concejala fue tomada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, luego de que resolviera un recurso apelación en este caso, el pasado lunes 22 de mayo.

La apelación fue interpuesta por Thania Moreno, fiscal Provincial de Pichincha, pues en una primera audiencia la concejala fue sobreseía por falta de pruebas. Por ello la fiscal Moreno pidió que los jueces Xavier Barriga Bedoya, Lady Ávila Freire y Paulina Grijalva Chacón, de la Corte Provinvial, que revisaran la decisión. En la audiencia, los jueces también se confirmaron el sobreseimiento de otros tres ciudadanos.

Entre los elementos que vincularían a la concejala como presunta autora de asociación ilícita, estaría el haber recibido en su oficina, ubicada en el Municipio de Quito, la visita de cuatro personas que integran una asociación de dueños de centros nocturnos. “En dicho encuentro, trataron sobre la regularización del funcionamiento de aquellos lugares, mediante la emisión de la Licencia Única de Actividad Económica (LUAE) trámite que se realiza de forma gratuita”, indica la Fiscal.

A pesar de la gratuidad del servicio, Omar S., pareja de la funcionaria, habría solicitado a cada dueño de local que realice el pago de USD 2 600 en efectivo a través de cuotas.

La Fiscalía también presentó 52 documentos, entre análisis de cuentas bancarias, reconstrucción de hechos, fotografías, informe de triangulación de llamadas y certificaciones de las LUAE.

La investigación previa de este caso se abrió en noviembre de 2015, mientras que la formulación de cargos se realizó el 4 de octubre de 2016 por asociación ilícita, delito contemplado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal y sancionado con tres a cinco años de prisión.

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