27 de agosto de 2015 12:29

Conaie acusó a Gobierno de Correa de violentar derechos del pueblo indígena

Los abogados defensores de los manifestantes indígenas dijeron que han recopilado testimonios de los detenidos. Foto: EL COMERCIO

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Unidad de Noticias (I)

La mesa jurídica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) presentó, hoy 27 de agosto del 2015, información acerca del número de detenidos, aprehendidos y procesados durante la jornada del paro nacional en la región Sierra y Amazonía.

Además, los abogados señalaron que la mesa se encarga de levantar testimonios de los ciudadanos violentados en derechos para luego establecer la estrategia jurídica a seguir.

Harold Burbano, abogado de la organización, indicó que desde el 13 hasta el 26 de agosto fueron detenidas 132 personas de los cuales salieron libres 111, entre ellas Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, Salvador Quishpe y Katy Betancourt, integrantes de la Conaie.

Las cifras varían entre las presentadas por la Fiscalía General del Estado porque la Conaie desconoce el número de detenidos en la región Costa y se basa en datos emitidos por los dirigentes de los movimientos indígenas afectados.

Las personas que fueron liberadas no fueron procesadas pese haber recibido maltratos por parte de los policías, explicó Burbano, pues varios indígenas presentan moretones en sus cuerpos, roturas de cabeza y problemas con los tendones.

El maltrato recibido y la violación de derechos durante el paro nacional fue descrito como "etnocidio" por Betancourt y señaló que la función de los policías es proteger a los ciudadanos.

Maria Espinoza, abogada, presentó testimonios de las personas violentadas, entre ellos casos de allanamiento a la propiedad privada, daño de enceres, intimidación y amenazas de violación contra mujeres y quemaduras ocasionadas por gas pimienta.

Según su versión, estaba por tomar un bus a Loja cuando Sisa Lozano vio a un policía que halaba del cabello a una mujer de edad adulta; intentó ayudar y fue detenida, relató Romel

Morocho, primo de Lozano, quien exige libertad para su prima, pues el 2 de septiembre tiene que defender la tesis de grado en la Universidad Técnica de Loja y "el Estado se lo está negando", acotó.

Los procesados han sido acusados de obstrucción a los servicios públicos, ataque o resistencia a la autoridad o sabotaje, este último se da en casos de Orellana.

La Conaie ha recurrido a instancias internacionales como la relatoría de Naciones Unidas para pueblos indígenas y Amnistía Internacional para que ayuden en caso de violación de derechos.

A las 13:30 se tiene previsto realizar la primera audiencia de sustitución de las personas detenidas el 13 de agosto en la Unidad de Flagrancia.

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