25 de junio de 2014 21:04

Comunicación, ¿un derecho o un servicio?

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Redacción Política

Hoy llega finalmente a la Corte Constitucional el paquete de enmiendas a la Carta Magna que Alianza País lleva trabajando luego de las elecciones del 23 de febrero. A las 11:30, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, irá hasta el edificio frente al parque El Arbolito, con las 17 modificaciones a la Carta Magna que el oficialismo ha trabajado poco después de los resultados de las elecciones seccionales del 23 de febrero pasado.

Entre todas las propuestas de enmienda, se incluye el artículo 384, referente a la Comunicación. La propuesta de Alianza País es incorporar un inciso al artículo 284, para que la comunicación se convierta en un servicio público, tal como lo es la salud y la educación. El texto con el que arrancaría el artículo dice: “la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”.

Para Hernán Reyes, miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, “los derechos de información y comunicación ya existen”, pero que es la Ley Orgánica de Comunicación, en su artículo 71, ya habla de la información como un bien público y como un servicio público, “sin quitarle un ápice a la información y a la comunicación como derechos en todas sus formas”.

Pero para el analista Luis Verdezoto, esta modificación es aún más compleja, porque acomodaría la Carta Magna a una ley cuando lo normal es lo contrario: una ley se escribe de acuerdo a la Constitución de la República.

Inicialmente, luego de los comicios, el propósito era modificar la Constitución para permitir la reelección del presidente Rafael Correa, según propuso el socialista y parte de la bancada de Alianza País, Fabián Solano. Luego las tomó el bloque para evitar aquello que dieron en llamar “la restauración conservadora”.

Además, Ecuador está viviendo el primer año de contar con una Ley Orgánica de Comunicación. Entre esta y la enmienda que presentará Alianza País, este Diario conversó con dos especialistas en comunicación y que tienen dos visiones diferentes de cómo trabajar contenidos informativos.

‘Hay intención de contorlar la información y la opinión’

Ricardo Uceda. Director del Instituto Prensa y Sociedad (Perú)

¿Cuál es el balance que hace a un año de vigencia de la Ley de Orgánica de Comunicación en Ecuador?

No hemos hecho un análisis directo pero consideramos, después de hacer un análisis de las alertas que hacen organizaciones independientes de Ecuador, que la Ley de Comunicación es en el fondo una forma de hacer política autoritaria, más allá de servir para mejorar un sector de actividad de la sociedad.

¿Cómo ve la iniciativa de incluir en la Constitución un texto que diga que la comunicación es un servicio público?

El Estado debe garantizar infraestructura para la comunicación, condiciones y una serie de elementos que faciliten que las personas puedan, por ejemplo, tener acceso a Internet, acceso a medios. Pero entiendo que aquí existe la intención de controlar los mensajes, es decir, de que la información y la opinión, al ser un bien público, sean también objeto de regulación, como lo puede ser un servicio telefónico o cualquier otro de índole propiamente público en el sentido de responsabilidades específicas con el ciudadano.

¿Cuál es el riesgo?

Es muy difícil parametrar la información y la opinión. Si bien es cierto que los informadores se deben al público en la medida que transmiten contenidos para que la gente esté informada, no pueden ser objeto de cualquier normativa o reglamentación que limite el derecho de opinar e informar.

Si hablamos de declarar como un bien público a la comunicación, ¿es mucho más amplio que decir solamente información?

Hablar de información periodística, que incluye información y opinión, es más restringido que hablar de comunicación. Pero el meollo es el ejercicio de la libertad de expresión, por el cual puede la gente saber lo que está pasando a través de fuentes independientes, que no estén controladas por el Gobierno. En la medida en la que el Gobierno quiera controlar las fuentes de información y el flujo de información y opinión, yo pienso que se está debilitando el sistema democrático.

En Ecuador, el Gobierno habla de que los medios privados responden a intereses empresariales. Al declarar la comunicación como bien público, ¿existe riesgo empresarialmente hablando?

Habría que revisar la propuesta concreta. Lo fundamental aquí es que exista libertad de prensa, de informar, de opinar.

Pero se debe garantizar la independencia económica de los medios...

Evidentemente, a las empresas que prestan servicios informativos se les debe entregar las garantías para que puedan funcionar normalmente. Pero más allá del problema comercial está el tema de que se trata de un derecho fundamental, y en esta caso puede ocurrir que la información y la opinión podrían verse afectadas.

Y el papel de los medios privados, ¿cuál es?

El hecho de que la información esté producida por un medio privado no necesariamente garantiza que sea una buena información ni que ahí están las opiniones diversas. Un medio privado puede ejercer inadecuadamente la libertad de expresión, y esto se puede empeorar si hay muchos medios controlados por un solo grupo.

No es el caso en Ecuador.

El problema es que el Gobierno controla muchos medios y quiere intimidar al resto.

‘La libertad de expresión es un derecho como la educación’

Gerard Imbert. Catedrático de la U. Carlos III (Madrid)

Una posible enmienda constitucional ha abierto el debate de si la información es un derecho o un servicio. ¿Cuál es la correcta?

Tradicionalmente es un derecho público. El Gobierno tiene que garantizar una mínima libertad de expresión, pero debe ser un derecho al mismo nivel que lo es la educación o la sanidad. Se debe garantizar a los ciudadanos tener una información transparente, diversa y de calidad.

¿Habla de comunicación o de información?

Obviamente de la comunicación como un nuevo derecho, que incluye también la información. El respeto a la persona, a su dignidad, a evitar manipular a sujetos como los niños, respetar las identidades culturales y de género. Es obligación del Estado protegerlos y tener leyes precisamente para regularlo y controlarlo. El control no es negativo.

Hay preocupación en varios sectores porque entiende que, con esta enmienda, convertir a la comunicación en algo privativo de los medios públicos… ¿No se atentaría a la libertad de empresa?

Yo distinguiría entre libertad de empresa, que es un tema de rentabilidad económica, con la libertad de expresión, que no solo es un privilegio de las empresas informativas sino también del ciudadano. No hay que imponer una sobre otra. Lo mismo que los medios pueden ampararse en la libertad de expresión, pueden hacerlo los ciudadanos, para que se respete su imagen, la diversidad, etc.

Pero, si se habla de un Estado que “garantiza” la comunicación, ¿no es una amenaza para los medios privados, que finalmente son empresas?

La televisión muchas veces vulnera la dignidad de las personas, en determinados programas de entretenimiento, y esto hay que defenderlo. No digo en contra del otro, pero también es algo muy importante. No significa de ninguna manera que se quiera tener solo medios públicos. Se puede definir un estatuto con regulaciones que se apliquen tanto a los públicos como a los privados.

¿Cuál es el fin entonces de llamar a la comunicación un servicio público?

Toda Carta Magna se aplica a todos los ciudadanos, sin distinción de ninguna clase. Si hay un texto regulador es normal, así se hace en todos los países del mundo y este se aplica tanto a las empresas públicas como a las privadas. Regular no significa unificar, la existencia de medios públicos y privados es compatible, pues tienen vocaciones diferentes.

¿Por qué?

Porque unos temas los va a desarrollar más la televisión pública, pues tienen más un servicio educativo, cultural. Tiene una vocación educativa más amplia. Esto no significa que solo van a hacer programas educativos, sino reflejar la diversidad cultural que hay y fomentar el respeto. Claro que lo mismo lo podrían hacer los medios privados. Eso es libertad de expresión, que haya diversidad de contenidos también en la oferta privada.

Pero los temas educativos o culturales pueden no ser los de mayor audiencia...

Al espectador hay que ofrecerle una mínima diversidad de expresiones que pueda elegir. Luego, si le gusta una más que otra se puede desarrollar, pero no imponerle algunos formatos. Ahora vemos la parrilla televisiva y se ve lo mismo en todos los canales privados, con algunas variantes. Falta una mayor oferta.

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