6 de abril de 2016 00:00

El sueño de tener casa se volvió una pesadilla para 990 familias

Víctor Barahona, afectado, en el sitio donde iba a construirse su casa. Foto: Andrés jaramillo / EL COMERCIO

Víctor Barahona, afectado, en el sitio donde iba a construirse su casa. Foto: Andrés jaramillo / EL COMERCIO

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Andrés Jaramillo
Coordinador
ajaramillo@elcomercio.com
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La maleza creció tan alto que un niño fácilmente podría desaparecer en el terreno baldío. Ahí debía construirse Veranda del Río, uno de los cuatro proyectos inmobiliarios que la empresa Terrabienes promocionó en el norte de Guayaquil.

La empresa esperaba vender 1 200 viviendas en total y hasta el 2015 persuadió a 990 familias para que las compraran. Sus firmas y el detalle del dinero que entregaron como entrada o parte de las cuotas constan en los registros de la empresa que ahora están en manos de la Fiscalía y la Superintendencia de Compañías.

Víctor Barahona, de 57 años, dio USD 45 317. Su casa iba a ser de dos plantas. Comenzó a pagar en el 2011 y se la debían entregar en el 2013. No ocurrió.

Él comenzó a preocuparse cuando en vez de avances de obra se encontró con excusas cada vez que visitaba la inmobiliaria y hablaba con los encargados de la comercialización.

María Flor Cedeño fue una de las ejecutivas de ventas de Terrabienes desde 2008. Sus jefes –asegura- eran quienes les decían qué decir a los clientes para tranquilizarlos. Incluso recuerda que les hicieron memorizar un cuestionario. “Nos tomaban como lección. Decíamos que el IESS era el que se demoraba con los desembolsos o que la obra se paralizó porque el Municipio iba a construir un puente”.

Ella llegó a vender hasta seis casas en un solo día de feria a un precio que variaba según las características de las viviendas. En promedio costaban USD 60 000, aunque también se comercializaba los locales de un centro comercial que no se terminó de construir.

“Era un proyecto muy atractivo”, reconoce Cedeño. Menos costoso en relación a los que se ofrecían en los alrededores; estaba en un conjunto cerrado (lo que daba más seguridad) y en un sitio clave, a solo diez minutos del aeropuerto de Guayaquil.

Cedeño hasta invitó a sus amigos y familiares a comprar una casa y en poco tiempo ella pasó de vendedora a cliente y luego, de compradora a afectada. Sus jefes le dieron facilidades para que comprara una casa y las cuotas –apunta- le fueron descontadas de su rol de pagos. Ganaba USD 2 500 y las comisiones por cada casa vendida eran para abonar a su vivienda, así como sus décimos.

Pagó durante nueve meses, hasta que sus clientes le advirtieron que la firma se encontraba con líos financieros. Decían que no tenía dinero para seguir con el proyecto, que el dinero había salido del país...

La ejecutiva de ventas creyó que se trataba de rumores de la competencia. Dice que fue lo que sus jefes le dijeron. Pero luego todo resultó cierto.

Terrabienes ni siquiera había ingresado la solicitud para gestionar los permisos de construcción en el Municipio de Guayaquil, como consta en el expediente del caso. La Fiscalía recibió 770 denuncias.

Aunque hubo quienes no pudieron formalizarlas como Francisco Talbot, de 47 años. El tiempo establecido en la ley para hacerlo se cumplió y asegura que tuvo que llevar su queja a la Defensoría Pública. Adjuntó las copias de los pagarés y contratos de mandato que le hicieron firmar a él y a su hermana por la entrada de la casa en 2010 y las cuotas que pagaron mes a mes. Talbot cuenta que dio USD 21 000 y su hermana, casi 24 000.

Seis personas fueron acusadas por estafa, en distinto grado de participación. Solo el presidente ejecutivo de Terrabienes Jorge Ortega Trujillo, de 60 años, fue detenido y el Octavo Tribunal de Garantías Penales Guayaquil decidió en primera instancia dictar 10 años de reclusión en su contra, el 4 de marzo pasado.

Además, que se anulen los pagarés que la empresa pidió por las viviendas y la devolución del dinero. Esa decisión será apelada por la defensa, cuando se notifique la sentencia. Hasta ayer 5 de abril del 2016 no llegó a su casillero. Durante todo el proceso, los afectados –agrupados en varios colectivos- han realizado plantones y marchas para exigir el pago de su dinero o la entrega de sus casas.

“Jorge Ortega sabe que hay contratos incumplidos que se tienen que solucionar. Hay constructoras que nos han dicho que el proyecto es viable y nosotros hemos dicho que queremos solucionar”, señaló Mónica Palencia, su abogada. Él (Ortega) llevaba casi 18 años viviendo en Estados Unidos, vino a dar la cara”.

La defensora explica que la iliquidez de Terrabienes respondió a varias causas. Una de estas es que la inmobiliaria estaba vinculada a otras empresas del Grupo Ortega que entraron en crisis. Seguros Bolívar, por ejemplo, que luego de 57 años de operaciones entró en estado de liquidación forzosa en junio del 2014.

Tenía deudas pendientes con trabajadores, clientes y el Estado por USD 7,7 millones. Las pérdidas sumaban USD 800 000 hasta marzo de ese año.

Según Palencia, también influyeron los rumores de los clientes que restaron credibilidad a la institución. “A la hora de declarar en juicio dijeron: yo tuve conocimiento de un puente que iba a afectar las urbanizaciones donde se estaban haciendo los proyectos y yo mismo comencé a avisarle a otra gente para que pidiera la devolución de su dinero”.

Pero durante el proceso, la Fiscalía descubrió que Terrabienes sacó del país alrededor de unos USD 7,9 millones al exterior en seis años. Fueron a empresas de EE.UU. y de Panamá que constan en la base de datos de la Superintendencia de Compañías como socias del conglomerado de firmas que tiene el Grupo Ortega Trujillo.
“No es delito sacar dinero del país”, apunta Palencia.

Terrabienes pertenece al Grupo Ortega, que a su vez tiene ocho compañías en Panamá según el SRI y fueron creadas con la ayuda de la firma Mossack Fonseca (MF), involucrada en la investigación ‘Panama Papers’.


Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, MF creó empresas ‘offshore’ para facilitar el lavado de activos y la evasión. La firma, de su lado, señaló que no es responsable del actuar de los clientes a quien vende las empresas.

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