Gonzalo Ruiz Álvarez
El anuncio lo hizo Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, acompañado por miembros de distintos bloques parlamentarios. La víspera de la fecha marcada para iniciar el debate sobre la polémica Ley de Comunicación llegó a un compás de espera.
Muchos no comprenden ni valoran esta pausa. Puede ser el momento para abrirse a ideas que alimenten una noción indispensable que marca a la comunicación, al periodismo, a la libertad de pensamiento, opinión, expresión y prensa como valores superiores de una sociedad civilizada en una democracia que se respete.
Eso está por sobre todas las cosas. Y no se trata del derecho de los periodistas o de quienes ejercen la comunicación. No se trata del derecho de los medios. No, es algo que va más allá y lo supera. Es el derecho de la gente a estar informada, emitir y escuchar ideas, mensajes, propuestas, opiniones de diverso tono sin cortapisas.
Va más allá de los límites y comprensiones de quienes confunden la lealtad política con la obediencia, desconocen el libre albedrío y militan, más allá de la razón, en la obsecuencia.
Por eso es que esta pausa es saludable. El debate sobre la Ley de Comunicación que atraviesa lo fundamental, la libertad de expresión que está consagrada en la carta de Naciones Unidas que el Ecuador suscribió y que se firmó hace 61 años, un 10 de diciembre, ha estado contaminado de visiones sesgadas y el discurso populista alentado desde el poder lo ha manipulado.
Se ha utilizado cadenas pagadas con la plata del pueblo para denigrar a comunicadores y medios, a estigmatizar a las personas, y en muchos casos a inaceptables descalificaciones. La ciudadanía ha visto esta abusiva utilización de los mecanismos de propaganda solamente comparables a las peores y más oscuras épocas del oscurantismo.
Las cadenas se deben utilizar para las grandes campañas cívicas o de salud pública, para la solidaridad y el llamado a despertar sentimientos positivos en pro de una visión constructiva, solidaria y esperanzadora de la nación y no para destruir a quienes se considera enemigo. Un gran bien haría a la calidad del debate sobre esta Ley una pausa en la repetitiva y gastada propaganda oficial para dejar a la ciudadanía tiempo para pensar, para enriquecer el debate con argumentos y contenidos, para tener una Ley no represiva y sancionadora que persiga a los periodistas y busque sancionarlos, mientras desde el aparato oficial se ofende y abusa sin límite.
Sería deseable medios públicos al servicio de la cultura y la educación, de los valores inmanentes de la sociedad y no entregados al poder de turno efímero y mezquino con visiones poco democráticas, intolerantes y sectarias.