31 de marzo de 2018 00:00

Comité de seguridad atenderá frontera

En Guadalito, recinto de la parroquia Mataje, los militares patrullan y también establecieron controles de seguridad. Foto: EL COMERCIO

En Guadalito, recinto de la parroquia Mataje, los militares patrullan y también establecieron controles de seguridad. Foto: EL COMERCIO

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Redacción El Comercio

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En Mataje no hay agua potable ni alcantarillado. Esta parroquia de San Lorenzo, en Esmeraldas, tampoco tiene trasporte público ni señal telefónica.

En los recintos Guadalito, El Pan, Labores Agrícolas o La Cadena, ocurre lo mismo. Las escuelas son unidocentes; sus caminos de tierra son intransitables en el invierno, y la cobertura de salud es escasa.

Ahora, el Gobierno ofrece llegar con servicios básicos a estos sectores, como parte de las acciones para frenar la violencia desatada desde el ataque terrorista al cuartel policial de San Lorenzo, en enero.

El primer paso fue crear el Comité Nacional de Seguridad Integral. Sus nueve integrantes (cuatro ministerios, tres Secretarías, de Aduanas y el delegado del Presidente) mantendrán las primeras reuniones la próxima semana.

El Ministerio del Interior convocó a una primera reunión interna de su equipo, pues el titular de esta Secretaría de Estado, César Navas, presidirá el Comité.

Este organismo creará el Plan Estratégico de Seguridad Fronteriza y canalizará los recursos para dotar de servicios básicos e infraestructura a estos poblados y a otros que están en la frontera sur.

Estos planes se han estructurado luego del secuestro de un equipo periodístico de EL COMERCIO. Su rastro se perdió el lunes 26, justamente en la parroquia de Mataje.

Su última comunicación fue esa mañana, cuando se dirigían a ese poblado, luego de haber cruzado el control militar. Allí tenían previsto hacer seguimiento periodístico sobre la situación de inseguridad.

Un Comité de Crisis canaliza la información que los investigadores del caso generan y delinea las acciones que se deben implementar para liberarlos. El Gobierno dice que por ahora continúan las negociaciones con el grupo que los mantiene retenidos y que han recibido información de que se encuentran bien de salud.

Para el presidente Lenín Moreno, estos actos de violencia en la frontera son el resultado de la “permisividad extrema” y el desmantelamiento de las FF.AA. en la última década.

Desde el ataque de enero, los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro se encuentran en estado de excepción, que además se prolongó el jueves, sin detallar su tiempo de vigencia.

Según Navas, la intención de crear el Comité de Seguridad Fronteriza es evitar justamente estados de excepción permanentes, que para la población significan la pérdida de su libertad de tránsito y de asociación, así como la suspensión de derechos como la inviolabilidad de domicilio.

Frente a esto, el Comité de Seguridad deberá proponer nuevas acciones que faciliten el control, la vigilancia o protección de las fronteras y el desarrollo de los pueblos.

Tras la creación, a este organismo se le otorgaron seis atribuciones. Entre ellas están, por ejemplo, aprobar y dar seguimiento a los proyectos que permitan detectar amenazas y riesgos en la zona fronteriza.

Investigaciones realizadas en Colombia señalan que en el borde limítrofe con Ecuador operan 12 grupos pequeños que se disputan el control que antes tenían las FARC.

“Se está viviendo un reacomodamiento criminal, y esa violencia ha pasado también a suelo ecuatoriano”, explicó a la agencia AFP Ariel Ávila, experto en el conflicto armado colombiano de la Fundación Paz y Reconciliación.

El Plan de Integración fronteriza con Colombia, que estará vigente hasta el 2022, habla también de otras amenazas que se presentan a lo largo del límite territorial: tráfico de químicos para elaborar drogas, contrabando de oro, tráfico de personas y combustibles. El documento fue elaborado en el 2014, por el anterior Gobierno.

Un informe sobre la seguridad dice que en la última década el departamento colombiano de Nariño ha aumentado el desplazamiento de su población hacia el lado ecuatoriano.

“Se observa una relación entre el crecimiento de los cultivos de palma y la violencia debido a la presencia de grupos armados irregulares”, como razones de los desplazamientos. Según este informe, la presencia de bandas “constituye una amenaza para la población en ambos lados de la frontera”.

Tras el secuestro del equipo periodístico, Camilo Romero, gobernador de Nariño, aseguró que este acto no solo es un atentado a libertad de prensa sino contra la tranquilidad de los pueblos hermanos.

Más Reacciones

Comité para la Protección de los Periodistas.“Los actores armados radicados en Colombia deben reconocer la condición civil de los periodistas secuestrados, sin importar de qué lado de la frontera se encuentren”.

Embajada Británica en Quito. “Reiteramos nuestra posición de rechazo ante tan lamentables hechos. Todo nuestro apoyo al periodismo ecuatoriano y al país en general, esperando que la situación en la frontera se resuelva pronto”.

Cámara de Minería del Ecuador.  “Nos solidarizamos con EL COMERCIO, por la difícil situación que se encuentran atravesando. Condenamos públicamente los atentados cometidos en la provincia de Esmeraldas”.

Antonio Valencia, futbolista. “Mis pensamientos con mi país donde nos faltan tres. No podemos permitir que la violencia y el terrorismo nos ganen el partido”.

Julio César Trujillo, Consejo de Participación Transitorio. “Exigimos la liberación de los tres periodistas, ellos cumplían una obligación con la humanidad”.

En contexto
Desde el pasado 27 de enero, poblaciones fronterizas de Esmeraldas han sido víctimas de ocho ataques con explosivos y enfrentamientos armados. Con el estado de excepción, el Gobierno ha movilizado 11 763 efectivos militares y policías.

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