30 de abril de 2016 00:00

Al Comité de Reconstrucción le hace falta peso ciudadano

Jorge Glas (centro) está a la cabeza del Comité de Reconstrucción y es el delegado del Ejecutivo en Manta. Foto: Archivo/ Paúl Rivas/ EL COMERCIO

Jorge Glas (centro) está a la cabeza del Comité de Reconstrucción y es el delegado del Ejecutivo en Manta. Foto: Archivo/ Paúl Rivas/ EL COMERCIO

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Redacción Política

A dos semanas del terremoto, la composición del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo pone en evidencia el cuarteamiento entre las visiones del Ejecutivo y de actores sociales y políticos.

En el Decreto Presidencial 1004, firmado el martes 26, que da lugar a este Comité aparecen siete actores, con voz y voto. Cuatro son funcionarios con cargo de ministro, más el vicepresidente Jorge Glas, quien lo preside.

Los otros dos miembros son el prefecto de Manabí y dos alcaldes, que representarán a zonas afectadas y que fueron designados por la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). Se trata de Agustín Casanova, de Portoviejo; y Néstor Alcívar, de Pedernales.

Daniel Avecilla, presidente de la AME, señaló que se escogió a la primera ciudad por ser la capital de Manabí, y a Pedernales por ser una de las zonas más golpeadas por el sismo.

Ellos serán los responsables de receptar las inquietudes y las prioridades de los municipios afectados en Esmeraldas y Manabí, para proponer acciones concretas en el Comité para la Reconstrucción que dirigirá Glas.

En el decreto además se menciona que podrán asistir un delegado de las cámaras de Producción de Manabí y otro de los pequeños comerciantes y empresarios.

Avecilla espera que el Comité escuche también a los representantes de la producción, comercio, turismo y gremios profesionales que quieren aportar para la reconstrucción de la zona costera.

De su lado, la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, se pregunta cómo es posible que en el decreto que crea un comité de reconstrucción en dos provincias no se incluya a ninguna autoridad esmeraldeña.

“Si bien es cierto no tenemos muertos, la destrucción está allí. Con el terremoto se desnudó la pobreza que hay en la provincia”, sostiene. Además del tema de viviendas y servicios de agua potable, alcantarillado y energía, Sosa dice que uno de los mayores problemas es la afectación al sector pesquero de toda la provincia, pues la gran mayoría vendía el fruto de su trabajo por intermedio de Pedernales, cantón manabita devastado.

Sosa adelantó que el Gobierno la convocó a una reunión el lunes, en Portoviejo. Hasta allí llegará con representantes del Colegio de Ingenieros, el de Arquitectos y de la Cámara de Turismo. Solo en la parroquia de Chamanga, Sosa calcula que hay alrededor de 500 viviendas inhabitables, la mayoría de unidades educativas están destruidas y en Muisne hace falta un dragado, rellenos y reordenamiento.

Noventa días después de las inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos Esmeraldas y Teaone, del 25 de enero, 600 familias permanecen en siete albergues.

Desde el Municipio de Esmeraldas se les dijo que pronto encontrarían un sitio para llevarlos, pero hasta el momento los damnificados continúan en busca de una vivienda.

Ellos perdieron sus casas con sus pertenencias al interior. El agua subió dos metros sobre el nivel del piso y anegó 50 casas en Propicias 1 y 2, Tabiazo y Vuelta Larga. Así que en Esmeraldas los damnificados no solo corresponden al terremoto de 7 8 grados en la escala de Richter, que dejó 583 afectados en el cantón.
Además se contabilizan 154 casas destruidas, 281 afectadas y 2 198 personas afectadas en 159 barrios de Esmeraldas.

“Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cómo actuar, conocemos la zona. No podemos estar excluidos”, asegura la prefecta Sosa, del extinto MPD, hoy Unidad Popular.

Para Andrés Valdivieso, de Foro Democrático, lo que hace falta en el Comité es ciudadanos, representantes de comerciantes de Pedernales, asociaciones de gremios turísticos o de pequeños y grandes pescadores de Esmeraldas...

Ellos conocen el día a día allá, apunta Valdivieso, quien integra uno de los conglomerados que convocó a movilizaciones en la av. De los Shyris, el mes anterior. Él no discute que del manejo de fondos se encargue el Estado, pero afirma que el Gobierno cree que “sus ministros son los únicos capaces”.

Franklin Ramírez, politólogo de la Flacso, anota que hay una visión polarizada desde sectores ciudadanos y desde el Régimen. Los primeros creen que la sociedad autoorganizada podría resolver por sí sola los problemas provocados por el fenómeno natural. Y por el otro lado hay un discurso gubernamental que no da cabida ni recoge la energía social.

¿Qué hacer? Ramírez opina que se necesita un “engranaje socio-estatal”. Esto se lograría con más apertura hacia esa movilización solidaria, pese a que en la sociedad civil hay una dispersión y heterogeneidad. Una suerte de señales desde la institucionalidad, para que esa movilización pueda sostenerse y no desfallezca.

¿Deberían sumarse a ese Comité personas de probada honorabilidad? Ramírez no es partidario de la participación de notables en estas instancias porque le parece otro modo de excluir a ciudadanos. Además, “la sociedad debiera ser parte de ministerios y COE”.

En el decreto asimismo se menciona que podrán asistir un delegado de las cámaras de Producción de Manabí y otro delegado de los pequeños comerciantes y empresarios de Manabí. Aunque sin voto.

El director del Comité Empresarial Ecuatoriano, Roberto Aspiazu, saludó la decisión del Gobierno de incluir contrapartes locales para el manejo de la crisis que dejó el terremoto. También se mostró conforme con la designación del vicepresidente Glas quien presidirá el Comité.

Sin embargo, pidió que se incluya a un representante de la producción de Esmeraldas, la segunda provincia más golpeada por el sismo. “Por supuesto que sí. Sería bueno incluirlas, pero justo ahora recibí una llamada de una distinguida dirigente empresarial y me dijo que la habían vetado por parte del Gobierno”.

Omar Simon, secretario general de la Presidencia, admite que es indiscutible la participación ciudadana para ayudar a los afectados. Pero dice que hay temas que el Estado debe resolver. “La tarea nos involucra a todos, desde su ámbito”.

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