5 de January de 2010 00:00

Esas comisiones

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Federico Chiriboga

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Las comisiones ad-hoc, integradas a dedo por decisión presidencial, contravienen principios de orden ético y jurídico. Empiezan por ser claramente inconstitucionales, en cuanto atentan contra una serie de garantías: presunción de inocencia, debido proceso, derecho de defensa, no discriminación, indebida obtención de pruebas, entre otras. La Constitución establece, además, que nadie será juzgado por comisiones especiales creadas para el efecto. Se argumentará que tales comisiones no administran justicia y que se limitan a investigar determinados hechos. Desde una interpretación restrictiva se puede mantener esa tesis, pero nuestra Corte Constitucional nos ha enseñado que para la interpretación de un precepto constitucional deben considerarse los principios de integralidad y de favorabilidad de los derechos fundamentales, respetando la voluntad y espíritu del constituyente, que ha optado por un modelo garantista. Si bien las comisiones no juzgan en un sentido estricto, establecen presunciones de responsabilidad civil y penal, afectando los derechos al buen nombre y al honor y constituyen base para que un Fiscal General, acucioso según las conveniencias, inicie investigaciones, haga imputaciones e impulse procesos penales, sin otra base que las afirmaciones de esas comisiones. Y es así que en el caso de la comisión de la deuda externa, que recoge los criterios de un personaje perseguido por la justicia argentina y de un grupo de personas ideológicamente comprometidas con el no pago de la deuda, el Fiscal General ha imputado a una serie de personalidades por haber intervenido en acuerdos de deuda pública. Cuando el péndulo cambie de manos el poder, las comisiones que entonces se conformen tendrán que medir con la misma vara a quienes en este Gobierno han patrocinado operaciones crediticias con la China, contratos petroleros con Pdvsa y acciones penales politizadas.

El informe de la Comisión de Angostura es un refrito de lo que la prensa había recogido y de supuestos que no han sido confirmados en las fuentes. El Dr. Huerta, en entrevista publicada en este Diario, refiriéndose a las cuentas bancarias de unos implicados reconoce que no fueron corroboradas y declara: "Simplemente que se defiendan los imputados". Pronunciamiento que sin otro comentario destruye las conclusiones de la comisión y pone de manifiesto la responsabilidad y espíritu inquisitorial con el que actúan.

Ya vendrán los juicios de valor de la Comisión de la Verdad, que ha quedado reducida a hacer la autopsia de un ex Presidente fallecido y a buscar las costuras de algún Alcalde al que se quiere desprestigiar.  De ser cierto que vivimos en un Estado de derechos y que se respetan las garantías establecidas en la Constitución de Montecristi, en su homenaje, deberían incinerarse tales informes en hoguera pública.

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