23 de December de 2009 00:00

De comisiones y asesores

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Carlos Larreátegui

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Uno de los síntomas más claros del proceso de erosión de las instituciones del Ecuador es la proliferación de comisiones ad hoc para investigar temas que interesan al Gobierno y la contratación de asesores extranjeros para diversas tareas que van desde la redacción de la Constitución hasta la preparación de leyes fundamentales y el asesoramiento político.  La utilización de estos mecanismos revela, además, la poca confianza que el Gobierno tiene en sus funcionarios y dependencias.  Conviene examinar, entonces,  los resultados de las comisiones de Investigación de Deuda y de Angostura.

La Comisión de Deuda manejada en la práctica por el tristemente célebre profesor Alejandro Olmos,  fue conformada por “investigadores” nada imparciales y vinculados a la corriente de Jubileo 2000, que desde hace años preconiza respetables pero extravagantes teorías sobre la deuda externa.  Pertenecen a esta corriente altos funcionarios del Gobierno como Ricardo Patiño, Elsa Viteri, Patricio Pazmiño, Jeannette Sánchez, Carolina Portalupi, Fander Falconí y Karina Sáenz, entre otros. Difícil imaginar que esta Comisión haya procedido con objetividad e imparcialidad y que no haya precautelado los intereses  del Régimen.

Vale preguntar, ¿cuánto dinero se gastó en un informe elaborado de antemano bajo los prejuicios exhibidos por los comisionados? ¿Existen contribuciones extranjeras de organizaciones como la Federación Luterana, que ha venido impulsando este tema y que invitó a Oslo a miembros de esta Comisión y funcionarios del Régimen? Al final, el trabajo de la Comisión solo ha servido para implementar teorías estrafalarias que no tienen cabida en ningún país y colocar a Ecuador como conejillo de indias.   Al pretender judicializar decisiones económicas, la Comisión ha sentado un nefasto precedente que podría colocar a muchos funcionarios  en el banquillo de los acusados por el simple hecho de haber tomado decisiones económicas.

La Comisión de Angostura es otra muestra del fracaso que acompaña, generalmente, el trabajo de las comisiones ad hoc.

Nunca antes habíamos enfrentado un problema de seguridad tan complejo como el desatado por la información encontrada en los computadores de Raúl Reyes.

El peligro de que algunos circuitos del narcoterrorismo hubieran penetrado las estructuras políticas del Ecuador levantó enormes temores e inquietudes que exigían un trabajo de investigación sin precedentes. Desafortunadamente, los miembros de la Comisión no estuvieron a la altura de las circunstancias ni de las expectativas de la Nación. 

El informe es un recuento de notas periodísticas publicadas hace meses y no resuelve los enigmas planteados.  Al final quedan más dudas que respuestas.

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