25 de agosto del 2016 00:00

Comisión de Justicia observó los reportes patrimoniales de Álex Bravo

El lunes, Álex Bravo acudió a la Fiscalía para rendir su versión en la investigación por presunto cohecho. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El lunes, Álex Bravo acudió a la Fiscalía para rendir su versión en la investigación por presunto cohecho. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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La Comisión de Justicia de la Asamblea encontró inconsistencias en las declaraciones juramentadas que Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, presentó antes y al final de asumir los cargos.

La mesa legislativa dedicó cuatro de las 40 páginas que conforman el informe sobre los ecuatorianos que activaron empresas ‘offshore’ en paraísos fiscales. El documento fue remitido al Consejo de Administración Legislativa para conocimiento del Pleno.

Los miembros de la Comisión aseguran que no consta el reporte juramentado de inicio y fin de gestión al cargo de coordinador de proyectos de la Refinería de Esmeraldas. Tampoco presentó su registro patrimonial cuando inició su gestión como gerente de Petroecuador, en noviembre del 2015. Esta situación “podría dar lugar” a que la Contraloría comience un examen especial, según los asambleístas.

El informe también incluye observaciones sobre los bienes que Bravo declaró en el 2012. Ahí no aparece una propiedad avaluada en USD 77 883, la cual sí consta en la declaración del 2016.

El funcionario estuvo al frente de la gerencia de Petroecuador hasta mayo pasado. Luego fue arrestado por tráfico de influencias. Ahora se lo indaga por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho.

En esta segunda causa fueron arrestados Javier y Jaime Baquerizo, por supuesto pago de comisiones a funcionarios de Petroecuador; entre ellos a Bravo. Y tiene orden de prisión Juan Baquerizo.

Las inversiones que Bravo ha realizado tampoco constan en su declaración, mientras fue coordinador de proyectos de la Refinería. Recién en el 2016 reportó vínculos con tres empresas: Esmecbrah, Hesomite y Servbrahe, en las que invirtió USD 2 000 en cada una. La esposa de Bravo figura como la principal accionista de las tres, según la Superintendencia de Compañías.

A criterio de los integrantes de la Comisión de Justicia, el exgerente de Petroecuador inobservó los arts. 2 y 3 de la ley que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios públicos.

Esa legislación señala que los empleados deben entregar información completa, donde consten los activos y pasivos del declarante, tanto si están en el Ecuador o en el extranjero. Esto se extiende a cualquier tipo de depósitos en bancos nacionales o del extranjero.

Sin embargo, en sus declaraciones, el funcionario no reportó las acciones que tiene en Girbra, ‘offshore’ que activó en el 2011 en Panamá, a través del estudio jurídico Escobar, Della, Togna, Icaza & Jurado.

A través de esta empresa, Bravo recibió transferencias por USD 3,4 millones de cinco compañías extranjeras. Estas transacciones son parte del Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). De ese dinero, el exgerente de Petroecuador mantiene USD 2,4 millones en el Capital Bank INC. de Panamá.

Diego Velasco, abogado de Bravo, aclaró ayer que ha pedido un peritaje de todas las transacciones que hizo su cliente durante su período en Petroecuador y en la Refinería, porque considera que el informe de la UAF “no es objetivo” y se basa en un portal de Panamá. También señaló que la Comisión de Justicia solo analizó las declaraciones juramentadas que presentó Bravo a la Contraloría. “Jamás nos pidieron justificativos”.

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