20 de abril de 2017 00:00

Comisionados enfrentan querella del  contralor Carlos Pólit

En la audiencia estuvieron los comisionados Simón Espinosa, Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez e Isabel Robalino. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

En la audiencia estuvieron los comisionados Simón Espinosa, Julio César Trujillo, Jorge Rodríguez e Isabel Robalino. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Fernando Medina

La sala judicial estuvo repleta. Unas 100 personas llegaron este miércoles 19 de abril del 2017 al Complejo Judicial, en Quito. Allí se desarrolló la audiencia en contra de los nueve miembros de la Comisión Anticorrupción investigados por emitir supuestas calumnias.

La acusación fue interpuesta el 25 de octubre del 2016 por el contralor Carlos Pólit.

Los nueve comisionados ingresaron a la sala en medio de aplausos y abrazos de los asistentes que en ocasiones gritaban justicia. Pólit no acudió pues está en Estados Unidos y mediante un escrito delegó al abogado Hernán Ulloa para que lo represente.

La jueza de este caso, Karen Matamoros, preguntó al jurista si había la posibilidad de una conciliación. Ulloa dijo que la querella no fue presentada por venganza y que está presto a escuchar a la defensa de los comisionados. Enseguida, Felipe Rodríguez, uno de los cuatro abogados de Anticorrupción, manifestó que están dispuestos a conciliar con la condición de que el Contralor
pida disculpas.

Simón Espinoza, uno de los acusados, no aceptó y dijo que el proceso vaya hasta las últimas consecuencias.

Ante la negativa de un acuerdo, Ulloa explicó la querella y señaló que los nueve miembros intentaron afectar la honra de Pólit luego de realizar una denuncia penal en la Fiscalía, en febrero del 2016.

Según él, la Comisión Anticorrupción acusó al Contralor de un supuesto cohecho. Esto, luego de que el organismo revelara que hubo un posible sobreprecio en la adquisición de más de 1 300 hectáreas para la construcción de la Refinería del Pacífico, en Montecristi.

En esa denuncia de Anticorrupción se señalaba que existía una responsabilidad del Contralor por la “falta de fiscalización objetiva y transparente en la contratación pública”.

Además se advertía que la Contraloría no halló indicios de responsabilidad penal, pese a que se calcula que el supuesto sobreprecio ascendía a USD 6,6 millones. Ulloa también dijo que incluso se insinuó que Pólit habría beneficiado a personas a cambio de rubros, lo cual dijo que es falso y que por eso interpusieron la querella.

Por eso pidió a la jueza Matamoros que se sancione a los nueve comisionados con base al art. 182 del Código Penal.

Allí se establecen penas que van desde los seis meses hasta los dos años de cárcel. Además solicitó una indemnización de USD 900 000 (USD 100 000 cada uno) y el pago por daños.

En ese momento, se escucharon risas en la audiencia y reclamos del público que estaba en el pasillo y en otra sala.

En la presentación de pruebas, los defensores de los comisionados manifestaron que no tenían testigos, porque se negaron a asistir, pese a los pedidos que hicieron.

Entre las personas convocadas estaban el fiscal General, Galo Chiriboga; el expresidente de Petroecuador, Pedro Merizalde; y el conjuez de la Corte Nacional, Marco Maldonado.

Este último fue quien conoció la denuncia de Anticorrupción el 14 de julio del 2016.

Cuatro días después la desestimó por falta de pruebas y declaró “maliciosa y temeraria” la queja realizada por los comisionados. Con base a este falló, Pólit interpuso la querella que hasta la tarde de ayer no se resolvía.

Según Ulloa, el juez Maldonado decidió que el proceso no avance, pues la Fiscalía se abstuvo de acusar al Contralor. Ese pronunciamiento se produjo porque no había elementos que probaran el hecho. “No presentaron peritajes, informes o testimonios que demostraran la calumnia”, enfatizó.

Luego llamó como único testigo de la Contraloría al auditor José Luis García. Él dijo haber participado en el examen especial del caso Refinería del Pacífico y confirmó que detectaron un sobreprecio. Por eso, señaló que se emitió una glosa en contra de dos personas.

El funcionario de la Contraloría dijo desconocer si la glosa se ejecutó o no.

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