31 de julio de 2017 00:00

Comisión analizará la Pro forma desde el 15 de agosto del 2017

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Redacción Negocios
Agencia EFE

El tratamiento de la Pro forma presupuestaria para lo que resta del 2017 está previsto para luego del receso legislativo. Esto no afectaría los plazos establecidos.

Cuando ingrese el pedido del Ejecutivo a la Asamblea Nacional, los legisladores cuentan con 30 días para tratar la propuesta del equipo económico del presidente Lenín Moreno. Por esto, Pabel Muñoz (AP), presidente de la Comisión del Régimen Económico, consideró que no se requiere levantar el receso.

La Asamblea entrará en vacancia desde hoy hasta el próximo 14 de agosto. Esto, según el titular de la Comisión de lo Económico, no tendría incidencia en el tratamiento de la Pro forma.

Tras mantener conversaciones con otros integrantes de la mesa, Muñoz calcula que una vez que termine el receso del Legislativo, se espera que el próximo 15 de agosto el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) se reúna para conocer el pedido del Ejecutivo. Y luego reenviarla a la Comisión del Régimen Económico para su tratamiento.

Desde entonces, la Comisión tendrá 10 días para preparar el informe que deberá ser aprobado en el Pleno. Pero Muñoz estima que esto podría tomar menos tiempo. La meta es hacerlo en seis días, trabajando de manera exhaustiva.

Una vez que el documento esté listo, se espera que el presidente de la Asamblea, José Serrano, convoque al Pleno en el plazo establecido (48 horas).

Con ello, según los tiempos previstos por Muñoz, se espera que la Pro forma se apruebe a fines de agosto, dentro del plazo previsto. El tratamiento de esta propuesta requiere una sola votación en el Pleno.

Las organizaciones de jubilados, pensionistas y adultos mayores del Seguro Social esperan que en la Pro forma consten los valores totales de la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La Asamblea de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores del Seguro Social remitió ya una comunicación sobre este aspecto al Legislativo.

De su parte, Guillermo Lasso, líder de CREO, dijo ayer a EFE que la Asamblea debería llamar a juicio político al expresidente Rafael Correa y sus ministros, debido a que, según las cifras presentadas por el Jefe de Estado, el monto de deuda pública bordea el 60% del PIB, cuando el límite máximo es del 40%.

El Gobierno sostiene que no todas las obligaciones se consideran deuda, pues incluyen pasivos con petroleras, preventas, y otros.

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