11 de abril de 2017 00:28

Comisión de Justicia aprobó informe sobre Ley de paraísos fiscales

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Diego Puente

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó la tarde del lunes 10 de abril el informe para primer debate de la Ley de paraísos fiscales. En el proyecto se establecieron las prohibiciones para que un funcionarios público no tenga inversiones en un país en el que no se paguen impuestos.

En el artículo 3 se señala que las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidores públicos, no podrán tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones considerados como paraísos fiscales.

Tampoco podrán tener, de forma directa o indirecta, bienes o capitales en empresas, corporaciones, fundaciones, fideicomisos u otras formas asociativas, radicadas en paraísos fiscales, ya sea en forma personal o como asociadas, socias, accionistas, constituyentes, beneficiarias o bajo cualquier tipo de derecho o participación.

Magaly Orellana, de Pachakutik, considera que el Ejecutivo tendrá total control, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) para declarar o no a un país como paraíso fiscal. Esto, a su criterio, podría manejarse con discrecionalidad.

También pide que en la normativa se detalle que el Presidente y Vicepresidente de la República puedan someterse a esta norma, tal como lo deben hacer los ministros de Estado, asambleístas, prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades de elección popular o designación.

Mauro Andino, presidente de la Comisión, señaló que en la Ley se han incorporado varias propuestas que han llegado de la Contraloría, SRI, Consejo Nacional Electoral y otras entidades.

Para él, debe ser la Contraloría la que lleve a cabo auditorías con el propósito de investigar el posible incumplimiento por parte de los funcionarios públicos.

En la Ley se estableció que en el plazo de un año, los funcionarios públicos deberán deshacerse de los bienes que tengan en los paraísos fiscales o tendrán que renunciar. Luis Fernando Torres, asambleísta de Cambio y Partido Social Cristiano, considera que esto afectará principalmente a las autoridades que empiecen su trabajo desde el 24 de mayo, cuando inicie un nuevo Gobierno. Por eso esperaba que sea el nuevo Legislativo el que trate la aprobación de la Ley.

Entre el oficialismo también hay observaciones al informe. Mariángel Muñoz, de Alianza País, espera que los familiares de los funcionarios públicos no deban deshacerse de los bienes que tengan en paraísos fiscales, tal como establece el proyecto de la normativa actualmente.

En la segunda transitoria se indica que a partir del 6 de marzo del 2018, no podrán postularse para un puesto de elección popular ni tener la calidad de servidor público las personas que tengan capitales o bienes, de cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones considerados paraísos fiscales.

También aspira a que no se incluya la obligatoriedad de un candidato para que no tenga bienes en paraísos fiscales cuando aún no ha ganado las elecciones. “No será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel”, dice la primera disposición transitoria de la Ley que será debatida en el Pleno, en los próximos días.

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