Comisión de Fiscalización de la Asamblea conocerá mañana pedido de juicio político contra Augusto Espinosa

Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización están convocados para tratar el tema del juicio político al ministro Augusto Espinosa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización están convocados para tratar el tema del juicio político al ministro Augusto Espinosa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización están convocados para tratar el tema del juicio político al ministro Augusto Espinosa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El pedido de juicio político en contra del ministro de Educación, Augusto Espinosa, avanza en la Asamblea Nacional. Los asambleístas de la Comisión de Fiscalización están convocados para tratar este tema a las 09:30 de mañana, miércoles 20 de julio.

Los legisladores de la mesa de Fiscalización conocerán la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) que, el lunes pasado, avocó conocimiento del pedido de enjuiciamiento que encabezó el legislador Bayron Pacheco.

Los asambleístas verificarán si se cumple lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución, antes de continuar con el proceso. El artículo señala que la solicitud la deben firmar al menos una cuarta parte de legisladores. También debe demostrarse incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y las leyes a los ministros.

El ministro Espinosa habló el lunes sobre el tema. Dijo que es hora de que en Ecuador se discuta cómo se pueden proteger los bienes públicos y planteó tres interrogantes. La primera es si existe normativa que obligue asegurar los bienes no productivos como carreteras, caminos vecinales, centros de salud, escuelas, postes, semáforos.

Afirmó que no ha existido norma jurídica que obligue a asegurar los bienes no productivos. Citó el Manual General de Administración y Control de los Activos Fijos del Sector Público (1997) y el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de los Bienes del Sector Público (2006), normativas de la Contraloría.

La segunda inquietud que se hizo el funcionario fue sobre la conveniencia de que se asegure todos los bienes del Estado incluidos los no productivos. La tercera fue sobre si existe o no alternativas técnicas para mantener protegidos los bienes ahorrando recursos para el Estado.

“Existen instrumentos modernos que nos permitirían ahorrar decenas de millones de dólares al Estado ecuatoriano y eso es lo que se debería discutir en la Asamblea”, reiteró.

El funcionario dijo no temer a un juicio político e instó a que se abra el debate sobre cómo se pueden proteger los bienes públicos.

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