25 de noviembre del 2014 00:00

Comisión de enmiendas oyó solo la versión oficial

Patricio Barriga

Patricio Barriga (derecha) defiende la comunicación como servicio público, ante la Comisión de las enmiendas. Fotos: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Paúl Zamora M Redactor

La puerta principal de la sala donde sesiona la Comisión especial que tramita las enmiendas a la Constitución se abrió de par en par. Por ahí ingresó Carlos Ochoa, traje azul, corbata roja, impecable. Las gafas oscuras que utilizó el Superintendente de Comunicación no permitían ver sus ojos. Echó un vistazo a la sala y se sentó junto al vocal del Consejo de Regulación de la Comunicación, Hernán Reyes; luego de dos minutos, guardó sus lentes de sol. A su lado permanecían sus dos asesores.

En ese momento intervenía el presidente del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), Patricio Barriga. Llegó para defender la enmienda que propone incluir en la Carta Magna a la comunicación como un servicio público. Y su argumento era el que se ha venido sosteniendo desde que se aprobó la Ley de Comunicación: el Estado debe asumir “con total responsabilidad la obligación de garantizar el ejercicio pleno y el goce de los derechos a la comunicación e información”.

Mientras tanto, Ochoa revisaba la que sería su intervención en la tableta electrónica. También hojeaba el folleto ‘Desafíos que enfrenta el periodismo actual’. A su lado se encontraba también Rommel Jurado, quien fue el secretario de la comisión que elaboró la Ley de Comunicación.

Así se desarrolló la última jornada de comparecencias, antes de que la Comisión emita el informe para el primer debate sobre las enmiendas a 16 artículos de la Constitución. No obstante, en el tema de la comunicación como servicio público, no fueron considerados actores que están en contra de esa enmienda. Los dos invitados tuvieron una postura que ratificó la intención del oficialismo.

Cuando terminó la primera parte de la audiencia, los medios escritos esperaron al presidente de esta comisión, Juan Carlos Casinelli. ¿A qué se debía esta falta de quienes de los opositores de esta enmienda?

Cassinelli sonrió: “seguramente porque nadie lo ha solicitado”, dijo.

Diego Cornejo, el director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos (Aedep), se encontraba en su oficina en ese momento. No estuvo atento a lo que ocurría en la Asamblea pero tampoco se asombró de que él u otro actor de la comunicación crítico a la enmienda no estuviera en el salón de la Asamblea. “No hemos sido invitados. Parece que solo les interesa escuchar una opinión afín al Gobierno”, dijo.

Cassinelli insistió en que no tiene ningún inconveniente en escuchar posturas críticas y que antes del segundo debate se van a incorporar otros actores. Pero eso será en el 2015.

Llegó el turno de la intervención de Ochoa. Al igual que Barriga, el Superintendente afirmó que la inclusión de los derechos de la comunicación en la Constitución es un avance para la democratización de la palabra y para la profundización de la democracia.

“Se está ratificando que la comunicación es un bien imprescindible para la ciudadanía”. A mediodía terminó la comparecencia. Ochoa se colocó sus gafas y abandonó la Asamblea.

La igualdad laboral

También, el ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, llegó a la comisión para defender la enmienda que propone que todos los trabajadores del sector público estén amparados bajo la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep). Actualmente, los obreros del sector público están amparados por el Código del Trabajo.

“No entiendo. Si todos somos servidores públicos, por qué debemos estar amparados en normas distintas” se cuestionó. Sostuvo que a estas alturas del desarrollo de la humanidad, de la ciencia y de la tecnología, no es posible que se mantenga una “odiosa” discriminación.

Los términos ‘obrero’ y ‘servidor’ no deberían diferenciarse, pues en el primer caso se habla de utilización de la fuerza física y en el segundo de talento humano, sin considerar que en todo proceso el ser humano aplica su talento.

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