11 de julio de 2018 14:34

Comisión que vigila asignación de cupos de taxis presiona al alcalde Rodas

La suspensión del proceso de regularización de taxis deja abierta la posibilidad de ampliar plazos y de aumentar la cantidad de permisos de operación que se podrían entregar, de acuerdo con la resolución establecida por el Concejo Metropolitano de Quito.

La suspensión del proceso de regularización de taxis deja abierta la posibilidad de ampliar plazos y de aumentar la cantidad de permisos de operación que se podrían entregar, de acuerdo con la resolución establecida por el Concejo Metropolitano de Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Evelyn Jácome

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La mañana de hoy, miércoles 11 de julio del 2018, la concejala Luisa Maldonado, presidenta de la Comisión especial conformada para vigilar el proceso de asignación de cupos de las nuevas unidades de taxi en el Distrito, junto a Soledad Benítez, Anabel Hermosa y Luis Reina (concejales de Acuerdo Nacional) ofrecieron información sobre los avances del proceso.

En rueda de prensa, abordaron temas relacionados con las acciones llevadas a cabo por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y las autoridades municipales sobre los resultados de la aplicación de las ocho recomendaciones de la Comisión Especial, aprobadas por el Concejo Metropolitano el 10 de mayo pasado.

Ese mismo día, el Cabildo aprobó que se suspendiera por 60 días el proceso de calificación de idoneidad de los participantes. Ese plazo finalizó ayer y según Maldonado, no se ha informado sobre la implementación de las recomendaciones. Agregó que han pedido que el Alcalde convoque a sesión del Concejo Metropolitano para tratar el tema.

En su intervención, Maldonado habló sobre el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad), en el que se establecen las causales para la remoción del cargo al ejecutivo. Una de estas, dijo, es el incumplimiento, sin causa justificada, de las leyes y de las resoluciones legítimamente adoptadas.

Entre las recomendaciones aprobadas hace dos meses estaban separar las falencias del procedimiento administrativo del proceso judicial por posibles actos de corrupción, que el Alcalde disponga a la Agencia Metropolitana de Tránsito realice la validación y contrastación de documentos de cada expediente de los aspirantes, convalidar dichos documentos, y que se contrate una auditoría externa para todo el proceso, entre otras.

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