28 de septiembre de 2016 07:32

Comisión analiza 4 cambios más en Issfa e Isspol

oto: paúl rivas/ el comercio La Comisión Legislativa sesionó el lunes 26 e incorporó más reformas al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo.

 La Comisión Legislativa sesionó el lunes 26 e incorporó más reformas al proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Javier Ortega
Redactor (I)
jortega@elcomercio.com

El debate definitivo se aproxima y en la Comisión de Derechos del Trabajador ya pulen el documento final que enviarán al Pleno de la Asamblea.

Desde el lunes 26, los legisladores analizan cuatro cambios más al proyecto inicial enviado por el Ejecutivo y que plantea reformas a los seguros militar (Issfa) y policial (Isspol).

El primero está relacionado con el aporte que los soldados activos entregan cada mes al seguro. Actualmente, los uniformados destinan el 23% de su sueldo para financiar las prestaciones del instituto (retiro, invalidez y muerte; cesantía, enfermedad y maternidad, de vida y accidentes profesionales, mortuoria y vivienda).

La propuesta es que ese porcentaje baje y se fije en 11,45% de la remuneración. Es decir, la contribución sería igual a la que en este momento entregan los servidores públicos en general. La iniciativa surgió del legislador Fausto Cayambe, miembro de la Comisión, y la confirmó a EL COMERCIO. Pero aclaró que esto solo aplicaría para el personal nuevo.

Sin embargo, Bolívar Silva, vocal del consejo directivo del Issfa, tiene reparos frente a la posible reducción del aporte. El coronel (r) asegura que esta modificación no garantizaría la sostenibilidad a futuro del seguro social de las FF.AA.

Y recuerda que hay estudios hechos al interior del organismo, en los que se recomienda incrementar el porcentaje de contribución del 23% al 26%.

En un informe elaborado por el Issfa en octubre del 2015, denominado ‘Presente y futuro de la seguridad social militar’, se precisa que el aumento del aporte “permitirá el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las prestaciones”.

El segundo cambio que se prevé debatir alude a los militares y policías con menos de 10 años de servicio activo. Ellos deberán cumplir, como mínimo, 25 años de trabajo antes de solicitar la baja. Al menos eso es lo que proponen asociaciones de militares retirados.

Inicialmente, la mesa legislativa señaló que este requisito solo aplicará para los uniformados que ingresen a las FF.AA. y a la Policía una vez que se apruebe la ley y se publique en el Registro Oficial.

El tercer cambio incluido en estos días está relacionado con la reestructura de los directorios del Issfa e Isspol, cuya principal tarea es la de tomar decisiones a favor de los afiliados.
Actualmente, en el caso de los militares, el organismo está conformado por el Min. Defensa, el jefe del Comando Conjunto, los generales de las fuerzas terrestre, aérea y naval, y dos representantes de los pasivos.

El planteamiento -que ya se discute al interior de la Comisión de los Derechos del Trabajador- es que se reduzcan el número de representantes y desaparezcan las plazas que hoy ocupan los comandantes de las tres fuerzas militares.

Cayambe impulsó esta iniciativa y asegura que esto permitirá “equilibrar” la representación de oficiales y de tropa en la toma de decisiones.

El legislador explicó que en las comparecencias para primer debate, asociaciones de militares pasivos y activos dijeron que actualmente existe una “desigualdad” en el Issfa.

Dentro de este tercer ajuste también se incluyó que el director de este ente sea escogido con base en un concurso de méritos y oposición. Ahora, ese cargo lo define el Ministro de Defensa. Según Cayambe, con este cambio se apunta a que el organismo sea manejado por una persona formada en seguridad social.

Finalmente, el cuarto cambio, propuesto por la legisladora Betty Carrillo, apunta al seguro de vida de los militares.

La asambleísta planteó la modificación del ar­t. 60 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y que se eliminasen, así, actuales diferencias que hay entre oficiales y tropa. “No es posible que hasta en la muerte haya desigualdades”, comentó Carrillo durante el primer debate.

Actualmente, según el art. 60 de la ley del Issfa, las indemnizaciones que reciben las familias de los uniformados activos, cuando estos fallecen, se calculan con base en el sueldo promedio de oficiales y de tropa y se multiplica por 50. Es decir, con los salarios promedios que rigen en este momento, los parientes de un oficial cobran USD 49 809 y los de uno de tropa, USD 31 110. Hay una brecha de USD 18 699.

Este tema ya fue discutido y consensuado por el Directorio del Issfa, en junio del 2015, cuando Fernando Cordero era ministro de Defensa. Allí se planteó que el pago no esté por debajo de lo que hoy recibe la familia de un militar de tropa (USD 31 110), pero tampoco por encima del que se entrega a la de un oficial (USD 49 809).

Lo que ya estaba

El proyecto de reformas también plantea aumentar a 25 años el tiempo mínimo en servicio activo. Hoy, los uniformados pueden solicitar la baja tras 20 años de trabajo.

Además, en la propuesta se dice que el cálculo se hará sobre el promedio de los 60 mejores sueldos. Eso se aplicará
gradualmente durante los cinco primeros años.

Las reformas establecen que las pensiones se incrementarán cada año, según la inflación registrada. Además, se fija un techo máximo para ese aumento: USD 2 013. Quienes ganen más no recibirán el incremento.

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