Redacción Judicial
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La Comisión de Transparencia y Verdad, que investiga el caso Angostura, incumplió la disposición del Gobierno Nacional.
269 800 dólares
es el presupuesto que el Gobierno asignó a la Comisión para su investigación.El Decreto Ejecutivo 27, emitido el 31 de agosto por el presidente de la República, Rafael Correa, concedió una prórroga a las tareas de la Comisión, que culmina hoy.
Eso implica que este día los comisionados debían presentar su informe por la investigación de los hechos relacionados con Angostura. Pero el documento aún no está terminado.
Según Francisco Huerta, presidente de la Comisión, la causa es específicamente un tema de organización. “Esperamos que el informe esté listo el 20 de noviembre”, aseguró ayer Israel Batista, uno de los cinco comisionados.
Es la segunda ocasión que la Comisión pospone su entrega. El Decreto 1646, que creó la Comisión (25 de marzo), dice en su art. 5 que el ente “concluirá sus funciones el 31 de agosto” y que en esa fecha se declarará su extinción.
Pero esa normativa también establece: “Pudiendo prorrogar su plazo, de ser necesario, según las necesidades de la investigación”. A ese artículo se acogieron los comisionados para la prórroga que fenece hoy.
Batista reconoce que la ampliación del plazo para la presentación de su informe responde al pedido que hicieron a la Asamblea para que se les conceda inmunidad. Así buscan blindarse frente a posibles juicios.
Sus integrantes se impusieron una veda para no hacer público el contenido del informe, hasta que se lo presente oficialmente al Gobierno y a la Asamblea. Esto pese a que en el artículo 6 del Decreto 1646 se determina que el “informe final estará a disposición de la ciudadanía”.
La Comisión incluirá en su informe una investigación sobre los hechos relacionados con el bombardeo de Colombia en Angostura, el 1 de marzo de 2008. Además, esclarecerá la supuesta vinculación de funcionarios o ex funcionarios del Gobierno con organizaciones vinculadas al narcotráfico y a la guerrilla.
Huerta sostiene que la investigación de Angostura permitió conocer sobre el alcance del narcotráfico en el país. Alerta sobre la presencia de un “monstruo de la narcodemocracia, con implicaciones en el Poder Judicial, la Policía y FF.AA.”. Insiste en que se apruebe la inmunidad de los miembros de la Comisión.
El fiscal general del Estado, Washington Pesántez, expresa que respeta las afirmaciones de Francisco Huerta, y dice que en Ecuador, como en otros países, existe tráfico de droga “Pero hablar de narcodemocracia… hay una enorme distancia. Felizmente, nuestro país no ha llegado a ser contaminado como otros países por el virus del narcotráfico”.
Para el ex secretario Anticorrupción, José Luis Cortázar, actual asesor del Fiscal General, Huerta tendrá que responder por sus afirmaciones.
“Espero que las conclusiones del informe tengan el debido sustento y respaldo, que no se basen solo en versiones de personas, porque eso será muy difícil incorporar a la investigación, como prueba”.
La Comisión incluiría entre las conclusiones el alcance de la vinculación del ex ministro de Seguridad Gustavo Larrea con las FARC. Su hermano, Marcelo Larrea, minimizó al informe: “La supuesta vinculación entre ex funcionarios del Gobierno y las FARC debe indagar la Fiscalía y no una Comisión”.
Larrea conformó un Comité Internacional de Solidaridad para su hermano. Tiene el apoyo de figuras de izquierda como Narciso Isa Conde, de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), que se identifica con las tesis de las FARC. La CCB organizó el II Congreso Continental Bolivariano en Quito, días antes del bombardeo en Angostura.
“Esperamos que digan la verdad”, refirió Larrea. “Pero si dicen cosas como que en Ecuador hay narcodemocracia, no lo vamos a creer, no estamos en Colombia”.
Batista aseguró que las conclusiones que están en el informe tiene el respaldo necesario y que no se basan solo “en testimonios”.
Por ejemplo, la Fiscalía ratificó a la Comisión que, en el caso del escribano Vizuete, no existe duda de que él fue quien redactó los diarios de Raúl Reyes, ex líder de las FARC. Lo que está pendiente de dilucidar es cuánto del contenido de esos diarios pertenece a la mente de Vizuete y cuánto al pensamiento de Reyes.
Marcelo Larrea cree que altos funcionarios del régimen de Correa están detrás de la campaña de desprestigio contra su hermano. Calificó como “ligereza” la entrega que hizo el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, de los supuestos diarios a la Fiscalía.
Acusó a un ministro por “convalidar un supuesto informe de Inteligencia Militar en el cual se señalaba que los diarios de Reyes fueron escritos por el guerrillero, cuando los hizo el sociólogo ecuatoriano Julio César Vizuete”.
Esteban del Campo, del Comité Internacional de Solidaridad con Gustavo Larrea, dice que no es posible que los comisionados soliciten inmunidad, y que no respondan por sus declaraciones.