18 de julio de 2016 00:00

Comisión analiza endurecimiento de sanciones para los asambleístas que falten excesivamente

La Comisión de Participación Ciudadana se encargó del tratamiento de las 10 iniciativas de reforma. Foto: Cortesía / Asamblea Nacional

La Comisión de Participación Ciudadana se encargó del tratamiento de las 10 iniciativas de reforma. Foto: Cortesía / Asamblea Nacional

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Mario Alexis González

Las sanciones para los asambleístas que falten excesivamente, la optimización de la fiscalización y el accionar en casos como el de Esperanza G. son algunos de los temas que se incluyen en el proyecto de reformas para la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Hoy, desde las 16:00, en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional se votará el informe para primer debate y el jueves se lo incluirá en el debate del Pleno.
 El proyecto lleva varias semanas en discusión.

Se presentaron 10 diferentes iniciativas. Cuatro de legisladores oficialistas y seis de oposición. La más extensa fue la de Gabriela Rivadeneira, presidenta del Legislativo, que propone 43 artículos reformatorios.
Con base en esta propuesta se armó el proyecto final. Se incluyeron varios artículos impulsados por la oposición y varios por el oficialismo. Según Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión, el proyecto tendrá unos 60 artículos.


Sobre las 10 propuestas se hicieron talleres de socialización en Imbabura, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
 Rivadeneira, entre otras cosas, propone reformar el artículo 115 de la Ley en donde se estipulan los causales para la cesación de los asambleístas. Se plantea incluir un mecanismo a seguir cuando un asambleísta es privado de la libertad, como el caso de Esperanza G., quien cobró 13 meses pese a estar detenida.


En estos casos, según el proyecto, mientras no se demuestre la culpabilidad no es causal de destitución. Sin embargo, si el legislador es declarado culpable se procedería a la destitución pese a que la sentencia no esté ejecutoriada.
Además, la Presidenta del Legislativo propone que el 40% de inasistencias a las sesiones del Pleno de un asambleísta sea motivo de destitución.

Para esto se examina un método progresivo de faltas.
 Si un legislador en un mes no asiste al 40% de sesiones podría perder el 60% de su sueldo. Si en seis meses se reitera esta falta, se contempla la suspensión por 30 días sin sueldo y si por tercera ocasión en seis meses repite, podría llegarse a la destitución. 
La oficialista María José Carrión no concuerda con esta propuesta.

Ella asegura que este es un tema administrativo. Su alternativa es que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo norme con una reforma y estipule sanciones administrativas.
“Si uno es elegido por el pueblo, uno debe entender que adquiere nuevas responsabilidades y dejar de lado sus otras responsabilidades” , dijo la legisladora en su comparecencia para argumentar su propuesta.


Carrión, como presidenta de la Comisión de Fiscalización, propone que el trabajo fiscalizador y de control político debe tener mayor eficacia. Dice que esta comisión debe ser permanente, conformarse y sesionar periódicamente como el resto de comisiones. 
Al momento esta instancia no es permanente y sus integrantes pertenecen a otras comisiones, en su caso a la de Salud. “A veces coinciden las sesiones y es imposible estar en las dos”, menciona.

Fausto Terán, del Partido Social Cristiano (PSC), integrante de las comisiones de Participación Ciudadana y de Fiscalización coincide en que urge una reforma para mejorar este tema. Aunque no asegura que la solución es crear una instancia permanente. La otra opción es la creación de una Unidad Técnica de Fiscalización, que trabaje como un ente adscrito a la Presidencia de la Asamblea y apoye en los procesos de fiscalización.

La propuesta final constará en el informe para primer debate. 
Henry Cucalón del PSC, otro de los proponentes de las iniciativas, propone cambios en el segundo debate de leyes en el Pleno. Por ejemplo, que el proponente pueda incorporar observaciones al proyecto, que sean sugeridos en el Pleno.


Liliana Guzmán (AP) pidió que en el artículo 49 se incluyan dos incisos sobre las declaratorias de interés nacional. Propone hacer seguimiento y fiscalización a estas temáticas. Una de estas es la declaratoria referente a la explotación del Yasuní, que fue impulsada por este Gobierno.


En contexto


Hoy, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social votará para la aprobación del informe para primer debate. Si los integrantes votan en su mayoría de manera afirmativa, se espera que el jueves el proyecto sea tratado en el Pleno.

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