24 de noviembre de 2015 09:15

Jefe del Comando Conjunto de FF.AA. respondió a abogado de tres ex-AVC por juicio de lesa humanidad

El lunes, 9 de noviembre de 2015, el alto mando militar llegó a la Corte Nacional de Justicia para apoyar a los cinco agentes investigados en el juicio de lesa humanidad. Foto: Pavel  Calahorrano / EL COMERCIO

El lunes 9 de noviembre de 2015, el alto mando militar llegó a la Corte Nacional de Justicia para apoyar a los cinco agentes investigados en el juicio de lesa humanidad. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

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Javier Ortega

Un oficio con la respuesta del Alto Mando militar llegó la mañana del lunes 23 de noviembre del 2015, a la oficina de Juan Pablo Albán, abogado de Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín, exintegrantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC). Hace 12 días, el jurista envió una carta a Luis Garzón, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la cual le solicitaba que aclarara cuál es la posición institucional respecto a las presuntas torturas que se perpetraron entre 1985 y 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero.

En el oficio, Garzón no lo aclara. El oficial únicamente señala que "de conformidad con la Ley Orgánica de Defensa Nacional", los asuntos requeridos por las instituciones del Estado a las FF.AA, serán canalizados a través del Ministerio de Defensa. Y agrega que "su pedido deberá ser dirigido a través de la mencionada autoridad política".

El 9 de noviembre, el Alto Mando se movilizó y llegó hasta la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, para respaldar a los cinco militares, hoy en retiro, procesados por perpetrar presuntos crímenes de lesa humanidad contra Vaca, Cajas y Jarrín. Es el primer juicio que se desarrolla en el país bajo esa figura penal.

En el Gobierno, la presencia de la cúpula militar en la CNJ no fue bien vista. El presidente Rafael Correa dijo que era "inadmisible, inoportuna e intolerable" la asistencia de los uniformados a la audiencia.

“Qué pena que no se haya superado ese discurso tan simplista, tan elemental de defensa institucional. En un Estado de derecho no se persigue personas, peor instituciones, se persiguen delitos”, aclaró. También dijo que para él es “incuestionable que se cometieron delitos en los 80” y “está demostrado que hubo mujeres violadas, torturas, detenidos sin juicio”.

A los oficiales, quienes integraban unidades de inteligencia y contrainteligencia entre 1985 y 1988, se los acusa de torturas físicas, psicológicas, sexuales y desaparición forzada contra los exmiembros de AVC.

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