28 de julio de 2015 19:30

Gobierno colombiano y FARC inician complejo debate sobre justicia

El jefe de la delegación negociadora de Colombia, Humberto de la Calle, y la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, participan en una jornada de negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla FARC. Foto: AFP

El jefe de la delegación negociadora de Colombia, Humberto de la Calle, y la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, participan en una jornada de negociación entre el Gobierno colombiano y la guerrilla FARC. Foto: AFP

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Agencia AFP
La Habana.

El gobierno colombiano y la guerrilla comunista de las FARC iniciaron las discusiones sobre justicia para los crímenes cometidos en el conflicto armado, uno de los puntos más complejos de la agenda de paz, y anunciaron este martes (28 de julio) avances en el programa de desminado.

Los debates sobre justicia, a cargo de los asesores jurídicos del gobierno y la guerrilla, comenzaron el lunes en La Habana en forma paralela a las negociaciones entre los “plenipotenciarios” de cada parte.

“Este grupo sesionará en paralelo a la discusión del punto de víctimas en la mesa de conversaciones y a la subcomisión técnica del fin del conflicto”, con el objetivo de dinamizar las negociaciones, explicó una fuente del gobierno.

“Lo que hace este equipo es buscar una fórmula que se lleva a la mesa (de plenipotenciarios), pero no es una negociación”, aclaró.

El tema de justicia es uno de los más complejos del proceso de paz iniciado en 2012, pues ambas partes se culpan mutuamente de ser los principales responsables de la violencia armada, que en medio siglo ha dejado 220 000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.

Además, las FARC acusan al gobierno de intentar llevar a la cárcel a los guerrilleros, pero de hacer la vista gorda ante los crímenes cometidos por militares y paramilitares de derecha, que en ocasiones actuaban al amparo de oficiales de las fuerzas armadas.

Los asesores jurídicos del gobierno son los colombianos José Manuel Cepeda y Juan Carlos Henao (ambos antiguos presidentes de la Corte Constitucional) y el estadounidense Doug Cassel, de la Universidad de Notre Dame, quien es experto en derechos humanos.

En tanto, los asesores jurídicos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son los colombianos Álvaro Leyva y Diego Martínez, y el español Enrique Santiago.

El domingo, Santiago dijo que los rebeldes exigen “más equilibrio y equidad” y no aceptarán que se les juzgue solo a ellos, porque “ la insurgencia no es la más responsable de los crímenes ” .

En una visita a La Habana en febrero, el exsecretario general de la ONU y Premio Nobel de la Paz Kofi Annan advirtió que un acuerdo de paz para Colombia debe contemplar justicia por los crímenes, de lo contrario puede intervenir la Corte Penal Internacional (CPI) .

Desminado avanza pese a muerte de soldado

Ambas partes anunciaron este martes que el programa piloto de limpieza de minas sembradas a lo largo del conflicto está avanzado satisfactoriamente, a pesar de la muerte de un soldado que participaba en esta tarea la semana pasada.

“Pese a las dificultades, el proyecto (iniciado en marzo) ha avanzado”, dijeron ambas partes en un comunicado conjunto leído a la prensa por el diplomático cubano José Luis Ponce, cuyo país es “garante” del proceso de paz.

En las tareas de limpieza “los delegados de las FARC aportaron su conocimiento sobre áreas contaminadas, como también explicaciones sobre las técnicas y dispositivos de artefactos explosivos”, explicó el diplomático Dag Nylander, de Noruega, el otro país garante del proceso.

Las minas están presentes en más de la mitad de los municipios colombianos y han dejado desde 1990 más de 11 000 víctimas, entre muertos y heridos.

Colombia es el segundo país con mayor cantidad de víctimas por las minas, después de Afganistán.

En tanto, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, negó que exista un cese al fuego bilateral “disfrazado” en Colombia con la orden del presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos a campamentos de las FARC, el sábado.

“No hay cese bilateral disfrazado, esa apreciación es incorrecta”, expresó, al salir al paso a las críticas a la decisión de Santos, que siguió a una tregua unilateral de las FARC, en vigor desde el 20 de julio.

La guerrilla elogió este martes la decisión de Santos de suspender los bombardeos, pero pidió acordar nuevas medidas para seguir desescalando el conflicto armado.

“Las FARC registramos como positiva la decisión presidencial de suspender los bombardeos contra nuestros campamentos”, dijo el comandante Carlos Antonio Lozada.

Estos gestos de ambas partes oxigenaron el proceso de paz, que parecía agonizar con el recrudecimiento de las hostilidades desde abril, con decenas de bajas en los dos bandos.

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