9 de agosto de 2016 19:45

Justicia de Colombia anula inhabilidad política de exsenadora Córdoba

El Consejo de Estado de Colombia, máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa, anuló hoy la sanción de 18 años de inhabilitación que pesaba sobre la exsenadora Córdoba por presuntos vínculos con las FARC. Foto: EFE

El Consejo de Estado de Colombia, máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa, anuló hoy la sanción de 18 años de inhabilitación que pesaba sobre la exsenadora Córdoba por presuntos vínculos con las FARC. Foto: EFE

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Agencia AFP

Un alto tribunal de Colombia anuló este martes 9 de agosto del 2016 la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 18 años que pesaba sobre la exsenadora izquierdista Piedad Córdoba, conocida por mediar en la liberación de rehenes de la guerrilla FARC.

El Consejo de Estado, tribunal supremo de lo contencioso administrativo, declaró nula la sanción impuesta el 27 de septiembre de 2010 por la Procuraduría General de la Nación a Córdoba, acusada de extralimitación en sus funciones como mediadora entre el gobierno y las FARC.

“La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante”, indicó el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, al anunciar el fallo favorable a Córdoba, una activista de derechos humanos de 61 años que fue destituida de su escaño en el Congreso en 2010.

La decisión del tribunal fue por 17 votos a favor y seis en contra, aunque la exsenadora aún no podrá ejercer cargos públicos pues en su contra existe otra sanción de la Procuraduría de inhabilidad política por 14 años por supuesta participación indebida en política. La recusación de esta medida aún “está en curso”, dijo Rojas.

Córdoba afirmó que la decisión del Consejo de Estado “es un acto de paz” que se realiza en un “momento decisivo” del país, cuando el gobierno y las FARC están próximos a sellar un acuerdo de paz para acabar un conflicto armado de más de medio siglo.

Recibo el fallo, “como dijeran en mi tierra, con mucha 'contentura', porque es una decisión en derecho. Obviamente en un país donde la gente no cree en la justicia, este es un acto que restaura”, afirmó a Cablenoticias TV.

En un inicio la excongresista atribuyó la sanción de la Procuraduría a una “persecución política” del procurador general, Alejandro Ordóñez, conocido por su posturas conservadoras.

'Se ha hecho justicia'
Por su parte, el negociador jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) en los diálogos con el gobierno, Iván Márquez, calificó de justa la sentencia.

“Ha hecho justicia el Consejo de Estado al dejar sin piso la inhabilidad política por 18 años a Piedad Córdoba que pretendía el Procurador”, escribió en su cuenta en Twitter el jefe de la delegación de la guerrilla que negocia desde 2012 en La Habana la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Al explicar la decisión, el magistrado Rojas señaló que la Procuraduría, un órgano autónomo de control de los servidores públicos, consideró como pruebas válidas las “practicadas y recaudadas” en el desarrollo de la Operación Fénix, llevada a cabo por el Ejército de Colombia en 2008 en Ecuador y en la que murió el segundo comandante de las FARC, Raúl Reyes.

Durante esa incursión militar se confiscaron computadores donde se hallaron supuestos intercambios de correos electrónicos entre Córdoba y Reyes.

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que “son ilegales todas la pruebas recaudadas en dicha operación militar, puesto que en su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos legales esenciales que contempla el ordenamiento jurídico colombiano ni el acuerdo de cooperación e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para tales efectos”, indicó Rojas.

Legisladora por el ala izquierdista del Partido Liberal desde 1994 a 2010, Córdoba alcanzó gran notoriedad a partir de 2008 por su papel para facilitar la liberación de más de 30 rehenes de las (FARC).

Córdoba, quien estuvo secuestrada unos días en 1999 por el desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño y en 2011 abandonó el país tras continuas amenazas de muerte, se ha declarado víctima de espionaje durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) , del que fue férrea opositora.

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