8 de marzo de 2016 17:47

Autoridades impidieron, por segundo día, el ingreso a las aulas de estudiantes sancionados del Montúfar

Familiares de los estudiantes del Colegio Montufar en la Junta Metropolitana de la Niñez y Adolescencia. Foto: Eduardo Teran / EL COMERCIO

Familiares de los estudiantes del Colegio Montufar en la Junta Metropolitana de la Niñez y Adolescencia. Foto: Eduardo Teran / EL COMERCIO

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Diego Puente

En la puerta del Colegio Montúfar estuvieron un inspector de la institución y un funcionario del Distrito Educativo Eloy Alfaro. Las miradas se centraban en las caras de los chicos que ingresaban antes de las 07:00 de este martes 8 de marzo a la institución. La consigna fue impedir el paso de los 22 estudiantes suspendidos a las aulas.

En las puertas de ingreso se quedó un grupo de estudiantes identificados por los funcionarios. Otros chicos pasaron de largo e ingresaron a clases. No se dio ni el primer cambio de hora cuando los inspectores ingresaron y los sacaron al corredor. “No pueden estar aquí”, les dijeron.

Los 22 estudiantes del Montúfar llevan 15 días fuera de clases. Desde el pasado lunes guardaron la esperanza de que una disposición de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia surta efecto. Esto no pasó.

Las protestas de los compañeros no se hicieron esperar. Están cansados de que las autoridades los busquen peor que a “ladrones”, los identifiquen y los echen como si se tratara de “criminales”. Los que más protestaron fueron los padres y representantes. A diferencia del lunes, la rectora de la institución, Ximena Salgado, sí realizó una reunión en la que les explicó que ella no puede quitar la suspensión a los adolescentes que son investigados por las manifestaciones violentas producidas el 15 y 16 de febrero.

Según la Rectora, es la Junta de Resolución de Conflictos del Distrito Eloy Alfaro la que debe decidir sobre un documento legal emitido, el 26 de febrero pasado, por la Junta Metropolitana que dispone, entre otras medidas de protección, que los chicos vuelvan a clases regulares, de manera inmediata, mientras dura el proceso en su contra.

Los padres salieron de la reunión con más dudas. Ellos no se explican cómo la autoridad educativa no cumple con lo dispuesto por la Junta Metropolitana. Este Diario se comunicó con los abogados constitucionalistas Salim Zaidán y Juan Pablo Albán que dijeron que las medidas que disponga esta entidad son de estricto cumplimiento ya que forman parte del sistema de protección a menores de edad. Ambos coincidieron en que los padres y madres deben pedir a la Junta Metropolitana que ponga el caso en conocimiento de un juez.

Este lunes se conoció una respuesta de la Junta de Resolución de Conflictos del Distrito Eloy Alfaro, que preside Gian Carlos Drouet, al pedido que hizo la Junta Metropolitana. En el documento se señala que la Junta Metropolitana “como órgano netamente administrativo está vedado de actuar como ente supervisor de los actos administrativos de la administración pública…”.

Sobre la disposición para que los chicos vuelvan a clases regulares, el documento firmado por Drouet y tres personas más dice que la suspensión a los estudiantes es una medida “netamente cautelar” que está dentro del artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación. “… no se trata de una sanción, sino que busca restablecer la armonía al interior del establecimiento educativo...” por los hechos de violencia ocurridos a mediados de febrero.

Por las consideraciones detalladas y otras que constan en el texto, la Junta de Resolución de Conflictos interpone la “revocatoria de la providencia” del 26 de febrero emitido por la Junta Metropolitana y pide, además, que esta entidad de protección precise tres aspectos que tienen relación con su pedido.

Los padres de familia se dividieron en dos grupos. Uno fue a la Junta Metropolitana, en el centro, para conocer sobre esta respuesta de las autoridades de educación. Otro grupo fue al Municipio y reunió con la concejala Carla Cevallos que es la delegada del alcalde Mauricio Rodas ante el Consejo Metropolitano de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Compina). Ahí evalúan las siguientes medidas legales a tomar.

Por lo pronto, los menores de edad no pueden ingresar a las aulas de clase y deben realizar tareas en sus casas. También cumplen con trabajos dentro del colegio y con labores comunitarias. Este miércoles, en la mañana, habrá una reunión y declaraciones sobre la situación actual de los 22 menores de edad del Montúfar a las afueras del Compina, en el centro norte de Quito.

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