4 de febrero del 2014 00:00

Lío en Benalcázar evidencia vacío en la normativa

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Evelyn Jácome. Redactora
ejacome@elcomercio.com

La elección del Consejo Estudiantil del Colegio Sebastián de Benalcázar sacó a la luz ciertos roces entre el Municipio y el Ministerio de Educación.

Ambas entidades se pronunciaron, con criterios opuestos, sobre supuestas irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral del plantel.

Sin embargo, el Municipio acató la disposición de la Cartera de Estado y la mañana del lunes 2 de este mes se posesionó al Consejo Estudiantil.

El ‘impasse’ puso sobre el tapete el tema de las competencias de ambas entidades en la educación municipal.

Juan Pablo Bustamante, secretario Metropolitano de Educación, señaló que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento recogen la existencia de establecimientos municipales como instituciones públicas.

Bajo esa figura se ubican 20 colegios y unidades educativas que operan en el Municipio de Quito, instituciones tradicionales y de muy alto nivel.

Las competencias también están señaladas en el Código de Ordenamiento Territorial. Ambas normativas comprenden varios niveles de gobierno y señalan que la gestión de la educación se hace de manera concurrente entre el Gobierno Nacional y local. Se complementan. Asegura que la única manera de salir adelante es uniendo fuerzas.

Pero ¿cómo delimitar funciones para evitar malos entendidos o disputas como lo que ocurrió en el proceso electoral del Benalcázar?

Al momento no hay una normativa que delimite funciones, según Bustamante. Muchas veces las funciones se complementan, pero hay aspectos que se deben aclarar, señaló. No obstante, en este caso la provisión de servicio educativo municipal es una competencia que se ha ejercido en la ciudad hace más de 124 años.

“En ese tiempo hubo acuerdos, metas comunes, donde el diálogo entre el Municipio y el Ministerio ha nutrido la política pública del país”.

Para Bustamante, lo que ocurrió en la elección del Consejo Estudiantil evidencia la necesidad de que las partes busquen acuerdos. Existen instrumentos legales menores, como reglamentos, que necesitan ser afinados, dijo.

La competencia del Ministerio de Educación está estipulada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Allí se señala que “el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema”.

En su artículo 22 reza: “ (...) y de manera concurrente con los distritos metropolitanos y los gobiernos autónomos descentralizados, distritos metropolitanos y gobiernos autónomos municipales y parroquiales”.

Durante la posesión del Consejo Estudiantil del Benalcázar, Francisca Herdoíza, subsecretaría de Educación, se pronunció. La funcionaria señaló que el Ministerio tiene el deber de acompañar estos procesos, y velar por que se respeten los derechos de los estudiantes.

Esto sin importar de qué tipo de instituciones se trate: fiscales, municipales o privadas, según Herdoíza.

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