30 de julio de 2015 11:36

Colegio de Abogados de Pichincha anuncia plantón y Judicatura rechaza críticas

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Diego Bravo

El Colegio de Abogados de Pichincha (CAP) cuestiona la gestión que realiza el Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Jalkh. Ante eso, para mañana convocó a un plantón de protesta contra el nuevo modelo de gestión procesal frente a la Unidad Civil ubicada en la calle El Telégrafo y la avenida 6 de Diciembre (norte de Quito).

José Alomía es presidente del CAP. A su juicio, el nuevo modelo implementado por la Judicatura genera discriminación entre los abogados y ha vuelto imposible el libre ejercicio profesional. El organismo plantea seis críticas al nuevo modelo promovido por la Judicatura.

Los cuestionamientos al modelo son los siguientes:

1. Es un modelo que se caracteriza por el aislamiento total entre los operadores del sistema de justicia (jueces, secretarios, auxiliares) y el público usuario (abogados y ciudadanos en general) Los nexos entre unos y otros son los coordinadores y empleados que laboran en ventanillas de información, recepción de escritos, “revisión de procesos” archivos.

2. Requiere ingentes recursos en personal que antes no existía: coordinadores, personal que atienda las diversas ventanillas, guardias de seguridad, mayor cantidad de edificios, infraestructura. Se trata de modelo cuyos creadores piensan y actúan como si siempre fuésemos a vivir en el “boom petrolero” y los recursos presupuestarios estatales serán siempre inagotables.

3. Reemplaza con nuevos funcionarios (coordinadores y funcionarios de ventanillas) lo que antes hacían los secretarios, auxiliares y personal de archivo, que resolvían directamente las necesarias e indispensables gestiones tendientes a la sustanciación del proceso judicial. Hoy es común escuchar entre los usuarios del sistema judicial que ya son varias las veces que han sacado copias para determinada diligencia y estas se han perdido en el trajinar burocrático de la justicia. Así se postra aún más el lento sistema judicial.

4. El CAP asegura que el fracaso de las denominadas unidades judiciales ha sido ocultado con el incremento de personal, el cual es obligado a laborar hasta altas horas de la noche e incluso los días sábados y domingos.

5. Basta imaginarse a los jueces y demás operadores de justicia, recibiendo centenares de requerimientos e insistencias vía correo electrónico de los miles de usuarios; y, al mismo tiempo sentirse impotentes de despachar tanto requerimiento represado de años de deficitaria atención desde y hacia la administración de justicia.

6. Es un modelo de gestión que discrimina, prejuzga y entorpece la gestión procesal; y, que además dispendia exageradamente los recursos públicos, y que debe dar paso a un sistema en el que prevalezcan los derechos constitucionales de libre acceso a la justicia, celeridad, debida diligencia y transparencia en todos los procedimientos judiciales.

Esas aseveraciones fueron rechazadas por Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura y Carlos Ramírez, titular de la Corte Nacional de Justicia. En una rueda de prensa ambos indicaron que el nuevo modelo de justicia en el país ha mejorado.

Jalkh aseveró que la posición asumida por ciertos dirigentes del CAP no tiene argumento y lo que se busca es caotizar la administración de justicia en Quito, “solo por intereses políticos”.

“Es preocupante que se quiera alterar la tranquilidad de este servicio público tan importante (…) Sin duda, esto está relacionado con la coyuntura política actual y con las movilizaciones convocadas para los próximos días”, señaló el titular de la Judicatura.

Con estadísticas, enfatizó que el modelo de justicia en Pichincha ha mejorado. Mostró que la tasa de resolución de causas en esta provincia se incrementó: en el 2008, el 22% de los casos ingresados se despachaban, mientras que en lo que va de 2015, el 111% de los procesos se resuelven. Para Jalkh, “hoy se despacha más de lo que se ingresa, es decir, estamos en una descongestión real del aparato de justicia”, explicó.

También recordó que José Alomía fue director del CJ de Pichincha durante ocho años. En su gestión –añadió Jalkh- no existieron mayores avances. “En el 2008, apenas el 52% del presupuesto destinado a modernizar la Función Judicial fue ejecutado; el 60% de jueces era de contrato; y tan solo se implementó un juzgado de lo Civil para la capital”.

Destacó que en Pichincha hay 12 jueces por cada 100 mil habitantes y se ubica por encima del promedio latinoamericano que es 11. En total, tiene 365 administradores de justicia. El 99% de ellos superó rigurosos concursos de méritos y oposición y son funcionarios de carrera, con las mejores remuneraciones.

“Se critica que hay mucho gasto público, seguramente el doctor Alomía o algunos del Colegio de Abogados quieren que haya menos jueces y que atendamos lentamente, porque es con el talento humano que se puede resolver las cosas”, sostuvo Jalkh.

De su lado, Ramírez aseguró que el plantón no tiene justificación. “No nos van a regresar al pasado. Ni los judiciales, ni los ciudadanos permitiremos el retroceso en la administración de justicia”.

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