Colectivos pro familia tradicional y los que defienden las familias diversas se enfrentan en los juzgados

Ecuador no es el único país en los que se han registrado enfrentamientos judiciales entre los grupos conservadores y los que defienden los derechos de las minorías sexogenéricas. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

Ecuador no es el único país en los que se han registrado enfrentamientos judiciales entre los grupos conservadores y los que defienden los derechos de las minorías sexogenéricas. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

Ecuador no es el único país en los que se han registrado enfrentamientos judiciales entre los grupos conservadores y los que defienden los derechos de las minorías sexogenéricas. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

Están en contra del matrimonio homosexual y las familias diversas... Los grupos que se oponen abiertamente a estos hechos protagonizaron multitudinarias marchas el pasado sábado 14 de octubre en ciudades como Quito, Guayaquil y Manta.

Sin embargo, ni el eslogan ‘Con mis hijos no te metas’ ni sus demandas: defender la vida desde la concepción y el derecho a educar a sus hijos bajo sus creencias, son exclusivos del nuevo movimiento ecuatoriano.

En Perú, en Chile, Colombia, México y en España también se han realizado marchas, en los últimos meses,en contra lo que denominan la 'ideología de género', que supuestamente el Estado quiere promover en las escuelas.

En varios países, las manifestaciones públicas se han derivado en demandas judiciales tanto de los colectivos que defienden a la familia tradicional como los activistas Glbti (gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersexo), que defienden las familias diversas.

Bus de la polémica

En España la batalla legal empezó en febrero pasado, cuando el colectivo católico Hazte oír puso en circulación por las calles de Madrid un bus naranja. El mensaje que exhibía el vehículo generó polémica: “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo”.

Para grupos Lgbti,  en cambio, se trataba de un bus transfóbico, que fomentaba el odio, la discriminación y negaba el derecho que tienen las personas a tener una orientación sexual distinta.

El Ayuntamiento de Madrid consideró que el autobús, más allá de su mensaje, violaba dos ordenanzas que prohíben la publicidad en vehículos particulares. Por lo que el bus fue inmovilizado en febrero. También la Fiscalía de ese país abrió una investigación para investigar si el mensaje vulneraba los derechos fundamentales y las libertades públicas.

En julio pasado, tras una audiencia, el colectivo Hazte oír tuvo una primera victoria. La Audiencia Provincial de Madrid sentenció a favor de la agrupación y permitió de nuevo la circulación del bus, pues consideró que no atentaba contra la infancia.

Padres y Procuraduría de Perú se enfrentan

En agosto pasado, el colectivo Padres en Acción ganó una demanda en Perú para evitar lo que ellos califican como “adoctrinamiento con ideología de género”. La polémica inicio a principios de este año, cuando el Ministerio de Educación planteó reformas para promover una educación con enfoque de género y la no discriminación de niños y adolescentes.

Durante el proceso judicial, la Procuraduría de ese país se pronunció sobre este caso. Y explicó que el uso del término “género”, en la educación, es consecuencia de las obligaciones asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos.

Bus de la diversidad vs bus de la libertad, en Chile

El autobús de la organización Hazte Oír, que generó polémica en España, llego a Santiago de Chile en julio pasado. La campaña fue recibida en medio de protestas y manifestaciones de contrapropaganda. Por un lado, los colectivos conservadores bautizaron al vehículo como “bus de la libertad”. Mientras que, por otro lado, Movimiento de Liberación Homosexual, a favor del matrimonio homosexual, sacó a las calles otro autobús, pintado de azul, para hacer contrapropaganda. Lo denominó “bus de la diversidad”.

Algunas organizaciones chilenas en favor de la diversidad sexual habían pedido al Gobierno de Michelle Bachelet que impidiera su paso, pues según ellos violentaba derechos a la diversidad sexual.

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