11 de febrero de 2016 11:50

La ley penal obligó al médico a blindarse con seguros privados

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Javier Ortega

La  medicina no es una ciencia exacta; los médicos lo saben y admiten que están expuestos al error. Desde el 10 de agosto del 2014, con la vigencia del Código Integral Penal (COIP), los especialistas dicen que están más conscientes del riesgo y ahora se blindan ante posibles demandas.

En los pasillos de los hospitales, cada vez es más frecuente hablar de la ‘medicina defensiva’, una práctica que apareció en Estados Unidos en la década de los 70, pero que en Ecuador se la utiliza recién en los últimos dos años.

Alberto Narváez, de la Federación Médica Ecuatoriana (FME), asegura que los médicos han cambiado sus hábitos profesionales para evitar juicios o controversias.

Ahora piden más exámenes para estar seguros de la dolencia del paciente, derivan a otros especialistas los casos considerados de riesgo, se inhiben de tratarlos o contratan pólizas. “Eso ha encarecido los procedimientos”, reconoce.

En Ecuador hay dos empresas –AMA y Uniteco- especializadas en la defensa legal de los profesionales de la salud. Ambas operan en el país desde mediados del 2015. Unos 900 médicos han contratado seguros con estas compañías.

La FME tiene 45 000 afiliados en su base de datos.
Estas dos empresas no solo se encargan de la asesoría legal. También cubren el pago de fianzas, gastos judiciales, indemnizaciones a los pacientes en caso de perder los juicios, contrademandas o compensaciones económicas si al médico se lo inhabilita.

El COIP (art. 146) fija, por primera vez, penas de hasta cinco años de cárcel por el homicidio por mala práctica profesional. Desde el 10 de agosto del 2014 hasta diciembre del 2015, la Fiscalía registró 248 denuncias por este delito, según estadísticas a las que accedió EL COMERCIO.

El 96% de esos casos está en etapa de indagación previa (reservada). El resto permanece en instrucción fiscal, se archivó o se llegó a una sentencia absolutoria para el médico.
Una de las primeras denuncias con la nueva legislación penal se reportó en Quito. María, una mujer de 27 años, demandó a un ginecólogo por ligarle las trompas, sin detectar que estaba embarazada.

Perdió al bebé días después de la cirugía. “Me intervino sin hacerme ningún examen, ni de orina ni de sangre”, denuncia.
En la Fiscalía del Guayas se indagan 58 homicidios por presunta mala práctica profesional. Entre esos casos está el de Catherine Cando, la reina de Durán que falleció en enero del 2015, en un centro estético.

Una especialista, que trabaja en el norte de la capital, contrató un seguro

Una especialista, que trabaja en el norte de la capital, contrató un seguro. Foto: Patricio Terán/EL COMERCIO

Erick Leuschner, abogado de la clínica, señala que la joven de 19 años sufrió “un ‘shock’ anafiláctico, la reacción alérgica más agresiva que puede sufrir un ser humano”. En Quito se indaga la muerte de una mujer de 38 años mientras le realizaban una liposucción, en julio del 2015.

La cirugía estética es considerada la especialidad más riesgosa para las empresas que defienden a los profesionales de la salud. AMA, por ejemplo, tiene coberturas según la es­pecialidad del médico.

Hay seis grupos. Los de mayor riesgo son los cirujanos plásticos, los odontólogos, los anestesiólogos y los gíneco-obstetras. Una póliza para estos especialistas cuesta, como mínimo, USD 900 al año.

AMA firmó un convenio con 400 odontólogos para asesorarlos en caso de demandas. La FME y la Asociación Nacional de Médicos Rurales, en cambio, llegaron a un acuerdo similar con Uniteco. Las dos compañías también hacen contratos individuales.

La medicina general es una de las especialidades de menor riesgo y el seguro cuesta unos USD 200 anuales. En este grupo también están la geriatría, la farmacología clínica, la parasitología o la medicina familiar.

Un cirujano estético que contrató una póliza reconoce que sigue los protocolos rigurosamente, pero se siente más tranquilo con el seguro. Por testimonios de otros compañeros, sabe que hay pacientes que amenazan con demandas cuando se sienten insatisfechos con el resultado de un tratamiento.

Santiago Zumárraga, gerente general de Uniteco, dice que el COIP “potencializó el nerviosismo en el gremio”. “Un médico reclamado sufre intranquilidad en su quehacer diario, en el entorno familiar. Se desenfoca de su actividad principal y genera la práctica de la medicina defensiva”.

Para la Fiscalía, la tipificación del homicidio por mala práctica profesional “redujo considerablemente la subjetividad del delito”.

Antes del COIP, estos casos se tramitaban bajo las figuras de homicidios inintencionales o voluntarios. Cada mes, las unidades de la Fiscalía recibían -en promedio- unas 50 denuncias por mala práctica. Desde agosto del 2014, la cifra bajó a 15, según el reporte enviado a este Diario.

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