29 de julio de 2014 00:00

Código de Procesos abarca trámites de 6 materias

En un juzgado de lo Civil, en Quito, los secretarios reciben todos los escritos y documentos de una demanda. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

En un juzgado de lo Civil, en Quito, los secretarios reciben todos los escritos y documentos de una demanda. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad y Justicia

Hasta noviembre del 2014 se prevé que la Asamblea apruebe definitivamente el Proyecto de Código Orgánico General de Procesos (Cogep).

La normativa plantea un “cambio radical” del sistema escrito al oral, como lo manda la Constitución desde 1998.
Así lo manifestó el legislador Mauro Andino (Alianza País), presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que analizó y trató esta normativa.

En un diálogo mantenido con la presidenta del órgano legislativo, Gabriela Rivadeneira, se estableció que el informe para primer debate “podría entrar a trámite en el Pleno el 19 o 20 de agosto, luego del receso legislativo”.

La intención es reducir el uso de los expedientes, buscar que todo se resuelva en audiencias públicas y que los jueces estén presentes en las diligencias para garantizar la agilidad.

¿Cómo se lo va a conseguir? Tomás Alvear, director de la Escuela Judicial, señala que a futuro no se utilizará, por ejemplo, un informe pericial de 70 hojas para que el juez lea. Con la norma, ese reporte quedará en el expediente como prueba y “el perito explicará en audiencia al juez el contenido de un informe. Es un testigo”.

El Cogep cuenta con cinco libros y más de 500 artículos. El proyecto recoge y reduce en un solo cuerpo legal los trámites que exige el Código de Procedimiento Civil y otras materias como laboral, la civil, el inquilinato, familia, el contencioso administrativo y el tributario.

La idea -según la Comisión que elaboró el proyecto- es “evitar la dispersión y la inseguridad jurídica, evitando, así, la impunidad y garantizando los derechos consagrados en la Constitución y el proceso”.

Otra ventaja que ha destacado el Consejo de la Judicatura es que el Cogep incorpora el uso de la videoconferencia. A esto se suma que los notarios asumen algunas facultades para resolver ciertas causas.

Para José Alomía, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, otorgar más facultades a los notarios no es garantía de que los procesos civiles se desarrollen con celeridad. A su juicio, lo único que se conseguirá es que los notarios aumenten sus ingresos. “Hace más de 10 años, a estos funcionarios se les otorgó que se encarguen de los trámites de patrimonio familiar y posesión efectiva. Eso no ayudó a que los juicios civiles disminuyan”.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, señala que el proyecto simplifica los 80 formas vigentes de plantear un juicio a cuatro para todas las materias. Estos son: ordinario, monitorio, sumario y ejecutivo. Cada uno tendrá un sistema diferente de trabajo y se efectivizará a través de dos audiencias y en un plazo que bordee los 45 días, por ejemplo, para los procesos sumarios.

Para la socialización del Proyecto de Código de Procesos, los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia realizaron foros en Ambato, Riobamba, Santo Domingo, Esmeraldas, Cuenca y Guayaquil.
El Proyecto tiene cuatro características que facilitan el trámite de las causas (ver recuadros). Para la Judicatura, un juicio podría resolverse máximo en tres meses con el Cogep.

Las cuatro rutas de un juicio

La futura ley propone cuatro formas de juicio. La primera es el procedimiento simplificado que se usará para pequeñas causas como el cobro de una deuda de máximo USD 7 350. Una de las características es que el demandante no necesita un abogado. El segundo procedimiento es el declarativo o especial. En este sí es necesario contar con un abogado, sin embargo, una vez que el caso sea resuelto por esta vía no existe recurso de casación. El procedimiento declarativo general consiste en que las partes deben demostrar la existencia de la infracción. El último es gestión voluntaria.
Se lo aplica para los actos de simple comunicación.

El nuevo papel de ciudadano

La normativa plantea que los usuarios de la justicia conozcan a las personas que llevan sus casos. Por ahora, un juicio por papel está diseñado para que en ninguna fase del proceso el demandante y el demandado se conozcan, pues los interesados conocen lo que les informan sus abogados. El papel del ciudadano es más activo, porque también se plantea que pueda conversar con el juez o los funcionarios judiciales.
Además, en un procedimiento simplificado, en el que no se requiere de un abogado, el ciudadano puede hacerse cargo de su caso y explicar qué es lo que pide. Según el CEJA, este es un mecanismo para “transparentar la justicia”.

Las audiencias orales

El sistema oral permitirá que una persona pueda indicar en qué consiste su demanda en una audiencia. Por ejemplo, si tuvo un accidente en el trabajo y demanda el pago de una indemnización, podría hablar directamente con el juez. El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) explica que la oralidad implica que, tanto el demandado como el demandante, se conviertan en actores activos del proceso. Esto significa que cualquiera de las partes podría contradecirse en la audiencia. Lo que se requiere para hacer posible este método es un sistema de gestión de audiencias: salas adecuadas, sistemas de grabación de voz, etc.

El juicio de forma escrita

La demanda y su contestación, la citación de las partes, la sentencia argumentada, el recuso de nulidad y apelación. Estos son algunos de los procesos que el Proyecto de Ley mantendrá de forma escrita.
La presentación del juicio, por ejemplo, debe contener los datos de la persona que presenta la diligencia, el número de casillero judicial o dirección a la que se le enviarán las resoluciones. También debe contener una narración de los hechos, una justificación en derecho; es decir, se deben argumentar los fundamentos que justifican el trámite.
Cuando alguna de las partes anuncia su prueba también debe hacerlo en el papel.

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