6 de mayo de 2017 19:56

El Código de Entidades de Seguridad se votará el 8 de mayo en la Comisión

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Adriana Noboa

El debate duró alrededor de seis horas en la Comisión de Soberanía y Seguridad, de la Asamblea Nacional. La sesión para tratar el proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad empezó la mañana del sábado 6 de mayo de 2017, a las 10:15.

Este cuerpo legal creará el Servicio de Protección Pública, una entidad civil que se encargará de la seguridad de las autoridades del país.

El proyecto original llegó al Legislativo en 2013, pero el tratamiento en la Comisión, para aprobar el informe para segundo debate, se retomó el mes pasado, a pocas semanas del cambio de Gobierno. Si el informe se aprueba en estos días y se debate en el Pleno esta semana, antes de que el próximo domingo cambie la conformación del Legislativo, podría ser aprobado durante el mando del mismo presidente Rafael Correa, si este decide no vetarlo.

El borrador estipula que este Servicio cuidará del Presidente y Vicepresidente en funciones y electos, de los candidatos a estas mismas dignidades, de las máximas autoridades del Estado y otras que lo necesiten. Así como de las sedes de las cinco Funciones.

Sin embargo hay muchos detalles que, tras el debate, deberán resolverse en el reglamento que emita el Ejecutivo para esta ley. Por ejemplo, qué otras personas recibirán este tipo de protección y en qué casos.

El polémico Libro III, que estipula la creación de este Servicio, no estaba en el proyecto original del Código, sin embargo fue añadido después, debatiéndolo individualmente. Ahora el pleno de la Asamblea espera el informe de la Comisión para tratarlo en segundo debate.

Las críticas giran en torno a la creación de una guardia civil armada, independiente de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esto para los legisladores de oposición resulta inconstitucional.

Por ejemplo, Fernando Bustamante (independiente) no quiso pronunciarse sobre cuál es el motivo por el que se desplaza a las fuerzas del orden de esta tarea, para crear una nueva institución, adscrita al Ministerio del Interior. Pero sí dijo que de mantenerse la naturaleza del Servicio votará en contra del proyecto. No está de acuerdo en que haya otro cuerpo armado en el país.

María Augusta Calle (AP), presidenta de la Comisión, recordó que en un inicio no estuvieron de acuerdo con el Libro III original, pero que se ha trabajado en modificaciones.

Por ejemplo, ahora en el artículo que habla de la naturaleza del grupo se establece que "es una entidad de carácter civil, especializada, profesional, técnica y jerarquizada, adscrita al ministerio rector de orden público", que podrá utilizar medios disuasivos y coercitivos de acuerdo a la ley. Antes el proyecto decía que sería un grupo armado.

Sin embargo, aunque se retiró esa palabra, más adelante, en el numeral 10 del artículo que habla de las obligaciones del Servicio de Protección Pública, se establece que podrán utilizar armamento legalmente autorizado "con el debido cuidado y precaución".

Calle explicó que para ello deberá obtener los permisos legales de la autoridad competente, es decir el Ministerio de Defensa. Dora Aguirre (AP), vicepresidenta de la Comisión, aclaró que no todos los miembros del Servicio lo requerirán. Mientras que Bustamante advirtió que no se puede proteger a las autoridades sin armas, por lo que resulta lógico que deberán tenerlas.

Ambas legisladoras oficialistas coincidieron en descartar las críticas contra el proyecto diciendo que no se trata de una guardia pretoriana ni paralela, y que hay otras instituciones con personal armado en el país, como los agentes aduaneros y de custodia penitenciaria.

Este Código regulará el trabajo de la Policía Nacional, Comisión de Tránsito, Cuerpo de Bomberos, Vigilancia Aduanera, Agentes Metropolitanos, entre otros.

Aguirre planteó una disposición general que permita la entrada preferencial a estas entidades a los migrantes ecuatorianos, otorgándoles incluso una discriminación positiva con puntos extra en su calificación. Ya que argumentó que hay ecuatorianos entrenados en cuerpos armados y de seguridad de otros países con gran experiencia.

Esto fue rechazado por Bustamante, quien dijo que le "causaría pánico" tener personal entrenado en situaciones en el extranjero dentro de la Policía Nacional y que se debe respetar la carrera dentro de la institución. Y que no ve por qué los migrantes deberían tener preferencia por sobre los ecuatorianos residentes en el país.
La disposición se mantuvo pero se exceptuó de esta preferencia en el ingreso a la Policía Nacional.

Otras disposiciones platean que el Código entre en vigencia a los 180 días de su publicación en el Registro Oficial y que las entidades bajo esta norma tendrán un periodo de 10 años hasta contar por completo con su propio personal de carrera.

El informe borrador se repartirá a los miembros de la Comisión para que presenten sus observaciones finales hasta el lunes, cuando se prevé su votación.

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