Si el petróleo no hubiese bajado a los niveles actuales, el Código de la Producción, promulgado a finales del 2010, seguiría intacto, pese a que no ha servido para mayor cosa.
La reforma que plantea ahora el Gobierno a este Código, a través del proyecto de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, reconoce que su propuesta del 2010 no dio los resultados esperados, por no decir que no ha dado ningún resultado.
¿Por qué el Gobierno se tardó cuatro años en darse cuenta de eso? Primero, porque el precio del petróleo volvió a subir después de la crisis del 2009, la cual motivó a que una parte del Gabinete del Gobierno viera la necesidad de trabajar con el sector privado para impulsar el crecimiento económico del país.
La crisis temporal del 2009 llevó el precio del crudo a USD 53, pero al año siguiente llegó a 72 y en el período 2011-2013 se mantuvo sobre USD 95, suficiente para hacer funcionar el modelo económico e impulsar la economía a tasas anuales del 4% en promedio.
El segundo factor para que el Código no se haya reformado en cuatro años es que el sector privado no ha sido el eje del modelo en los últimos ocho años. Las 10 reformas tributarias en este período muestra el poco interés por tener reglas claras del juego.
Aunque el Gobierno cree que no existe inestabilidad jurídica en el país, los capitales extranjeros no opinan lo mismo. La inversión extranjera apenas ha crecido a una tasa inferior al 1% anual, y la nacional ha crecido de la mano del gasto público.
Hoy que el precio del petróleo ha vuelto a caer, el Régimen regresa a ver al sector privado, más por necesidad que por convicción.
Ningún gremio productivo ha salido a respaldar la Ley de Incentivos que propone el Ejecutivo, lo cual muestra que el diálogo público-privado sigue tropezando. Y más bien hay quejas de que el Fisco busca recaudar más, es decir, pasar recursos del sector privado al público, cuando lo que se necesita es que llegue más plata al país.