Diana Atamaint y José Cabrera, de la mayoría del CNE, hablaron con autoridades de la UCE para sellar un acuerdo. Foto: Cortesía CNE
Una vez que se aprobaron las reformas al Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe dedicarse a tres tareas urgentes, relacionadas con las elecciones generales del 2021.
El organismo tiene que elaborar los reglamentos para aplicar los cambios legales, definir el plan operativo de los comicios y viabilizar tres auditorías independientes, solicitadas por la Asamblea Nacional.
Todo esto mientras su presidenta, Diana Atamaint, afronta un pedido de juicio político y hay una creciente división entre sus autoridades.
Por ahora, el bloque de mayoría se enfoca en la actualización de los reglamentos, y para ello buscará apoyo externo.
Entre hoy y mañana se prevé que el CNE y la Universidad Central del Ecuador (UCE) firmen un convenio marco de cooperación, para elaborar la norma interna que se empleará en las elecciones.
Ramiro García, decano de la Facultad de Jurisprudencia, explicó que una vez que se concrete el acuerdo, docentes expertos en el área electoral colaborarán con la actualización de este articulado, aunque por ahora no se ha establecido un plazo para culminar esta tarea.
Cuando resta poco más de un año para las votaciones, el consejero José Cabrera, del bloque de mayoría, reconoce que tendrán que actuar contra el tiempo. Por ello, una opción que se maneja es identificar los reglamentos más urgentes que requieren ser elaborados. Entre ellos, constarían algunos procesos derivados de las reformas, como los requisitos de inscripción de candidatos, la devolución del 50% de la promoción electoral, el padrón pasivo y la participación política de mujeres (ver infografía).
Uno de los nuevos requerimientos para participar en los comicios obliga a los candidatos a residir ininterrumpidamente dos años en una respectiva jurisdicción y haber sufragado en la misma.
En los reglamentos también se debe explicar cómo se calculará el cumplimiento del 15% de la cuota femenina en las listas pluripersonales y de qué forma se restituirá el 50% del fondo de promoción, en el caso de candidatos que no alcanzaron el mínimo de votos en dos elecciones consecutivas.
Luego de las próximas elecciones se planteará unificar todos los reglamentos en un solo cuerpo. “En principio vamos a desarrollar los reglamentos más urgentes”, dijo Cabrera.
Enrique Pita, vicepresidente del CNE, cree que para optimizar el tiempo se podrían “actualizar” algunos reglamentos ya existentes y delegar esa tarea a los propios funcionarios del CNE. Aunque no descartó la opción de solicitar respaldo externo para el efecto.
Pita aseguró que desconoce los términos con los que se elabora el acuerdo de cooperación entre el CNE y la UCE.
El segundo reto del organismo será definir el plan operativo de las elecciones con los plazos adecuados para evitar retrasos, como ocurrió en los comicios seccionales del 2019.
Por primera ocasión, el calendario se elaborará en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Técnicos de ambas entidades ya han tenido acercamientos para delinear el cronograma, aunque por ahora solo se sabe que las elecciones se realizarán entre la segunda y tercera semana de febrero del 2021.
Atamaint recordó que con la aprobación del plan operativo de las elecciones se iniciará formalmente el período electoral en el país.
La última tarea urgente del CNE será ejecutar tres auditorías independientes: al padrón electoral, a la plataforma informática y al sistema de verificación de firmas; tal como se estableció en las disposiciones transitorias de las reformas al Código de la Democracia.
La ley otorga entre 120 y 180 días de plazo para que una empresa “independiente y reconocida internacionalmente” ejecute esos tres procesos.
La preocupación de Pita y de Cabrera es contar con los recursos para financiar las auditorías. Se prevé que en los próximos días la presidenta del CNE mantenga reuniones con el Ministerio de Finanzas, para definir el presupuesto que se entregará a la entidad para organizar las elecciones.
En principio, el organismo electoral proyectó un rubro de USD 176 millones para llevar adelante las votaciones.