Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, muestra la pregunta de Compromiso Ecuador. Foto: Jenny Navarro / EL COMERCIO
Dos días demoró el Consejo Nacional Electoral (CNE) para pronunciarse sobre la pregunta que Compromiso Ecuador entregó el miércoles para impulsar la consulta popular en contra de la reelección indefinida. Su respuesta fue negar la entrega de formularios para la recolección de firmas.
La premura en emitir una resolución es inusual. Lo regular en el organismo electoral ha sido tomarse entre dos o tres semanas para responder a varios petitorios de formularios que distintas organizaciones sociales o políticas han tramitado. Así ha ocurrido con Yasunidos o el Partido Sociedad Patriótica y con la pregunta anterior que entregó Compromiso Ecuador.
Ayer fue la prueba de que, en cuestión de tiempos, no existe un parámetro para entregar sus resoluciones. Si respecto a la pregunta de Compromiso Ecuador, el CNE demoró dos días en pronunciarse, con las del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos y la Coalición de Organizaciones Ciudadanas por Guayaquil y otra de Jaime Nebot junto a 396 organizaciones, esperó nueve y ocho días, respectivamente. En Guayaquil, las dos consultas fueron validadas y se entregarán los formularios en los próximos días.
La resolución del CNE se da también un día después de que el presidente Rafael Correa dijera en El Oro que la pregunta de Compromiso Ecuador padecía que las mismas debilidades que la que este colectivo presentó el año pasado. El 1 de diciembre, el entonces CNE dirigido por Domingo Paredes negó la entrega de los formularios porque la pregunta implicaba una modificación a la Carta Magna; por tanto, era la Corte Constitucional la que debía dar su dictamen previo.
Las palabras de Correa y la resolución del CNE no cayeron nada bien en los miembros de Compromiso Ecuador. “No podemos confiar en una institución que no ha tenido ni siquiera la decencia de guardar las formas y, en menos de 24 horas, ha cumplido la orden que por medio de una rueda de prensa le han enviado desde Machala el Presidente de la República”, dijo Lasso.
También, Francisco Jiménez, exgobernador del Guayas en el inicio de la revolución ciudadana y miembro de Compromiso Ecuador se quedó con la duda de la influencia del presidente Correa en lo que ayer decidió el CNE, que “se pronuncia ni siquiera con un documento escrito sino que, verbalmente, dice que tenemos que ir a la Corte Constitucional”.
Pero el actual presidente de la Función Electoral, Juan Pablo Pozo, sostuvo que nada tiene que ver la posición del Presidente en lo que ayer resolvió el Pleno. “Es un criterio respetable” (el de Rafael Correa), dijo Pozo. Sin embargo, “yo le puedo responder con los criterios propios del presidente del CNE”, añadió.
Para Pozo, el país debe tener claridad: los procedimientos de consulta establecen dos pilares fundamentales. Por una parte, está el requisito de legitimidad (recolección y validación de firmas) y el de constitucionalidad.
“Cuando se trata de asuntos constitucionales, la Constitución y la Ley de Garantías Constitucionales son claras: primero la CC establece el procedimiento, y luego es el requisito de legitimidad”, dijo en la rueda de prensa posterior al Pleno del organismo.
Uno de los argumentos de Compromiso Ecuador, liderado por Guillermo Lasso y César Montúfar, fue que la pregunta “¿está usted de acuerdo con la reelección indefinida del Presidente de la República y las autoridades de elección popular?”, no menciona la Constitución. Pero según Pozo, “el caso de la reelección del presidente y de otras autoridades de elección popular está precisamente en la Constitución”.
Ante unos 50 simpatizantes, Lasso se comprometió a agotar todas las instancias institucionales que tiene el país y “presionar democráticamente”, y no descartó acudir a la Corte Constitucional. Se trata, en sus palabras, de reflejar “la indignación democrática” ante las “expresiones de querer controlar todo en la sociedad”.
Guayaquil: dos consultas
El CNE decidió, en cambio, avalar las dos iniciativas de consulta popular que tienen que ver con las competencias de la ciudad. El colectivo Ciudadanos por Guayaquil, crítico a la administración municipal del alcalde Jaime Nebot, recibió con beneplácito la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), de autorizarlo a recolectar las firmas necesarias para su iniciativa de consulta popular local.
Esta consulta busca preguntarle al habitante de Guayaquil si está de acuerdo entre otros temas, en que se incremente la tarifa del transporte público en la ciudad, en que se mantenga el impuesto a los bomberos en la planilla de energía eléctrica, en que se termine el contrato de concesión del servicio de agua potable y alcantarillado con la empresa Interagua, y en que las fundaciones creadas por el Municipio se conviertan en empresas públicas municipales.
El colectivo planteó 10 preguntas, muchas de la cuales se refieren al transporte y la descentralización de la administración municipal. Sin embargo, no dio paso a dos, al considerar que abordan temas constitucionales relacionados con las competencias de los municipios.